LA VICELEHENDAKARI Idoia Zenarrutzabeitia dijo ayer, tras presentar un recurso de amparo para el lehendakari en el Tribunal Constitucional, que decisiones como la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco «contravienen la democracia». El organismo judicial mantiene imputado a Ibarretxe por un delito de desobediencia en el que supuestamente incurrió al reunirse con miembros de Batasuna el pasado 19 de abril.
La vicelehendakari presentó el recurso pasadas las diez de la mañana, y posteriormente se trasladó a la delegación del Gobierno vasco en Madrid para explicar ante los medios su postura en el caso. Según manifestó, el objeto de este recurso es la «reparación y reposición al lehendakari de los derechos fundamentales de los que le han privado» y la «anulación» de las resoluciones judiciales que han dado pie a la instrucción del proceso penal.
«Una reunión política no es delito», señaló Zenarrutzabeitia, mostrando la misma postura que han mantenido en bloque gran parte de dirigentes políticos vascos desde que se admitió la causa contra Ibarretxe. «Mantener una reunión con Batasuna constituye una obligación política y ética del máximo representante del pueblo vasco», continuó, explicando que el objetivo de aquella no era otro que el de «la búsqueda de la paz» en Euskadi mediante la consecución de acuerdos para intentar el fin del uso de las armas. «El pueblo vasco se lo encargo haciendo uso del ejercicio de la democracia», continuó, para concluir asegurando que «el lehendakari ha hecho, hace y hará todo lo que este en su mano para la normalización social del País Vasco».
También consideró que la «mal llamada» Ley de Partidos es el «origen de situaciones como la que nos ocupa hoy» y sus «efectos antidemocráticos han tenido, en esta ocasión, una manifestación basada en el exceso interpretativo que hacen algunos miembros del Poder Judicial sobre el alcance de la ilegalización de Batasuna». Para ella, la decisión del Tribunal tiene claros motivos «políticos».
«Desestabilizar» la sociedad
Lanzando duras críticas, muy seria, y sin querer responder preguntas que no afectaran a este tema concreto, Idoia Zenarrutzabeitia dejó patente que el auto contra Ibarretxe «contraviene la democracia y desestabiliza la realidad social de Euskadi». Así, quiso incidir en que atenta contra la división de poderes, ya que el poder judicial no puede desequilibrar la vida política restringiéndole la posibilidad de actuar en asuntos públicos. «Afecta a la democracia ya que viene dado por un impulso político», señaló, sosteniendo que el uso de la justicia en política deslegitima a los tribunales y a la propia democracia.
«El sistema democrático en el Estado español viene siendo afectado por la Ley de Partidos políticos», que es «origen de las situaciones» como la del procedimiento abierto contra Ibarre-txe. Y es que desde el Gobierno vasco aseguran que el contexto actual es un examen esencial para determinar el alcance de los derechos fundamentales en juego, función en la que el Tribunal Constitucional probablemente también podrá supervisar si nos encontramos en el ámbito del «error patente, la arbitrariedad o la irrazonabilidad manifiesta».
Zenarrutzabeitia también se refirió al caso del ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y el pronunciamiento del Tribunal Supremo que anuló una sentencia previa del TSJPV, que había absuelto a Atutxa de un delito de desobediencia, y dijo que «tiene puntos de conexión» con el procedimiento contra el lehendakari Ibarretxe en el sentido de que le afecta «la actuación de determinados sectores del poder judicial». Por último, cuando fue preguntada por el proceso de paz en Euskadi, Zenarrutzabeitia se limitó a responder en la misma línea de la portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, tras los consejos de Gobierno de los martes. |
