EL PRESIDENTE de la Sala de lo Social del TSJPV y miembro de su sala de Gobierno, Manuel Díaz de Rábago, aseguró ayer que el acuerdo adoptado el viernes por el TSJPV, en relación a la decisión del Gobierno vasco de quitar los pisos a magistrados, no fue adoptado por el Pleno de la Sala de Gobierno del alto Tribunal y adelantó que, si fue adoptado por la Comisión Permanente, pedirá que sea revisado por el Pleno al no compartir el contenido del mismo.
En un escrito se refirió al comunicado emitido por el alto Tribunal vasco, en el que se informaba de que el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJPV había acordado, por unanimidad, solicitar informe de la Abogacía del Estado sobre la legalidad del acuerdo adoptado por el Gobierno vasco, en el que se decidió quitar el piso a los máximos representantes de la Judicatura y la Fiscalía del País Vasco. Díaz de Rábago afirmó que ese acuerdo no se adoptó ni en la reunión del Pleno de dicha Sala, «ni en cualquiera anterior» y señaló que este tema no fue «objeto de la más mínima consideración o análisis». El presidente de la Sala de lo Social asegura desconocer si en la reunión celebrada por la Comisión permanente de la Sala se llegó a ese acuerdo, ya que, según precisó, no es miembro de esa Comisión y no se informó en el Pleno de que este órgano hubiera adoptado ese acuerdo. Díaz de Rábago afirmó que, si se adoptó en la Comisión, solicitará «de inmediato» su revisión por el Pleno de la Sala, ya que no comparte lo acordado. En este sentido, indicó que no le ofrece «duda alguna» la legalidad del acuerdo adoptado por el Gobierno vasco de retirar los pisos y que, además, lo considera «conveniente», ya que «no parece adecuado que miembros de las carreras judicial y fiscal disfruten de ese beneficio, que reciben del poder ejecutivo».
Por otra parte, el vocal delegado del País Vasco en el CGPJ, Juan Pablo González, afirmó que no cree que la decisión del Gobierno vasco sea «una represalia», pero cree que debe explicar esta decisión, porque, si no lo hace, sí se puede pensar «que se trata de una represalia adoptada frente a decisiones que pudieran haber molestado». «No debería pasar un minuto sin que el consejero de Justicia lo explicara con todo lujo de detalles», aseguró. |
