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¿Quién desligitima a los jueces?
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J. Gabriel de Mariscal
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"Su ejercicio no puede deslegitimar a una judicatura que se debe suponer constitucional, salvo que tan importante pieza del Estado se halle estructurada al margen de la Constitución"
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Me parece grave y peligrosa la declaración de una representación de Magistrados del País Vasco que ha publicado "El Correo" del día 27 de noviembre. Y no por lo que dicen, sino por lo que no dicen y que, en mi opinión, es fundamental para que la judicatura cumpla, en verdad, el mandato de tutela de los derechos del ciudadano que le da el art. 24 de la Constitución y funcione efectivamente como institución fundamental del Estado de Derecho, que es lo que todo ciudadano consciente y responsable desea.
Porque en esa declaración los jueces se sienten deslegitimados por la atribución de intenciones políticas a algunas de sus decisiones jurisdiccionales, pero no hacen la menor mención de la necesidad de que la justicia sea eficazmente responsable de acuerdo con el artículo 117.1 de la misma Constitución. Y esa imperiosa necesidad no se cumple hoy por hoy en la práctica. Seguidamente dos botones de muestra en apoyo de esta afirmación.
Sobre la responsabilidad de los jueces dicen los Magistrados del Tribunal Supremo, Andrés Ibáñez y Movilla Álvarez, que "aunque se habla formalmente de diversos tipos de responsabilidad (civil, penal, disciplinaria) desde la época de las codificaciones" y desde luego en la actualidad, una indagación sobre la jurisprudencia en la materia podría demostrar que en la práctica cualquiera de ellas que no sea la disciplinaria no pasa de ser una "mera hipótesis de escuela" y añaden que "deberá convenirse en la existencia de una virtual situación de irresponsabilidad real de los mismos frente a los destinatarios de la justicia".
El segundo punto, confirmación de ese panorama jurisprudencial en la materia, devastador y pavoroso, es indagación personal de quien esto escribe y que ya el 26 de octubre de 1995 ofrecía el resultado de su pesquisa en este mismo periódico diciendo: "Basta coinsiderar las sentencias recogidas en el Repertorio de Aranzadi para ver que si hay alguna sentencia judicial que afecte a magistrados de verdad -no a jueces municipales, comarcales o de paz- sobre la base del delito de prevaricación, es una auténtica singularidad. Yo no he encontrado ninguna desde 1930 a 1954’. Desbordando el ámbito del Aranzadi añadía: "sólo una (sentencia se entiende) -y ella absolutoria- desde 1985 hasta mediados de julio de 1994". Es decir, en algo más de un siglo sólo una sentencia de carácter penal y, además, absolutoria.
Salvo que pensemos que deberíamos sentirnos felices de tener unos jueces que emulan a los ángeles en honestidad y perfección, es claro que la indefensión del ciudadano frente a los desmanes judiciales es en la práctica absoluta. Ahora bien, ¿qué instrumentos constitucionales de defensa tienen unos ciudadanos judicialmente inermes, cuando entienden que un juez ha vulnerado el derecho grave e injustificadamente y ha puesto en peligro el sistema democrático, la seguridad jurídica de la ciudadanía y su libertad? Porque esto obviamente no es cuestión de "recursos", sino de responsabilidad. Pues bien, la Constitución sólo le deja dos instrumentos: la crítica fundada en el derecho a la libertad de expresión (Constitución, art. 20.1), acerba en ocasiones por la evidente indignación que genera, sentir, con razón o sin ella, amenazado el sistema democrático y los derechos fundamentales del ciudadano por determinadas decisiones judiciales, y las manifestaciones para expresar con publicidad y energía la necesidad de pedir responsabilidades, cuyo requerimiento ante un Tribunal de justicia resulta en la práctica estéril.
Ambos derechos son constitucionales. Por ello su ejercicio ni deslegitima, ni puede deslegitimar a una judicatura que se debe suponer constitucional, salvo que tan importante pieza del Estado se halle estructurada al margen o en contra de los principios de la Constitución. Los jueces, pues, harían muy bien en respetar y defender tan importantes derechos y en poner en tela de juicio su intolerable impunidad, iniciando las correspondientes indagaciones judiciales, particularmente cuando el blanco de la crítica y de la indignación son ellos mismos,.. Y ello en vez de denunciar, a mi entender infundadamente, supuestas deslegitimaciones. Subirían notablemente en la estimación de la ciudadanía y su legitimación quedaría por encima de toda duda razonable. Hago votos para que tal suceda. |
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