LA SALA de lo Social de la Audiencia Nacional (AN) acordó ayer suspender "sine die" la vista oral del conflicto colectivo presentado por la SEPI y Babcock Wilcox, para decidir si los trabajadores de Babcock se pueden integrar en la plantilla de la sociedad pública, algo que ésta rechaza.
La AN ha tomado esta decisión a la espera de que el Juzgado de Instrucción Central de la propia Audiencia resuelva sobre la querella presentada por más de cien trabajadores de la empresa de bienes de equipo por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y apropiación indebida.
En esta querella están implicadas personas que han intervenido en el proceso de privatización de la empresa vizcaina, como el presidente de Babcock Borsig, Klaus G. Lederer, el actual consejero delegado, Peter Klug, el presidente de Babcock, Christian Smichdt, así como antiguos responsables de Sepi como el que fuera su presidente Pedro Ferreras, y los vicepresidentes de este holding Jordi Daga y Pablo Olivera, entre otros.
Los querellantes les imputan varios delitos por la forma en que se llevó a cabo el contrato de compraventa de Babcock Borsig España (BBE) entre los austríacos AE&E (ATB) y los alemanes de Babcock Borsig Power (BBP), de 21 de enero de 2004.
El presidente del comité de empresa de Babcock, Daniel Penas, explicó que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional comunicó ayer a los letrados que el conflicto colectivo queda paralizado «porque hay interpuesta una querella criminal ante la propia Audiencia, que podría derivar responsabilidades por encima de lo que es una demanda de tipo social». El alto tribunal entiende que prevalece la querella por estafa sobre el posible conflicto colectivo, por lo que éste queda suspendido. |
