LA EX arquitecta del Ayuntamiento de Andratx María Isabel Seguí Capó admitió ayer ante el juez Álvaro Latorre, que instruye el caso Andratx, que firmó licencias que intuía que «no eran legales», según informaron fuentes próximas a la investigación. Seguí, que ayer por la mañana prestó declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, dio detalles sobre el funcionamiento del departamento de Urbanismo del municipio, a partir de la investigación dirigida por el fiscal Anticorrupción, Joan Carrau, por presuntos delitos relacionados con actuaciones urbanísticas.
Según las fuentes consultadas, Seguí se habría derrumbado y habría confesado presuntas irregularidades en el Ayuntamiento, tras lo cual fue puesta en libertad con cargos por el juez, que seguramente volverá a llamarla a declarar más adelante, a medida que avancen las pesquisas y se conozcan más detalles. Con la declaración de ayer ante el magistrado, la ex arquitecta municipal se habría ratificado en la confesión hecha el martes ante agentes de la Guardia Civil. El auto del juez que ordena los registros entiende que estos tres principales detenidos, junto con el arquitecto Miguel Arenas, urdieron un entramado de sociedades para cobrar el dinero obtenido de negocios inmobiliarios y beneficios relacionados con presuntas certificaciones falsas para poder construir.
Renuncia a su acta
Por otro lado, el abogado de Eugenio Hidalgo, Rafael Perea, entregó ayer en el registro del Ayuntamiento de Andratx el escrito de Eugenio Hidalgo por el que renuncia a su acta de concejal y al cargo de alcalde de Andratx, tres días después de que fuera detenido. La dimisión de Hidalgo se produce después de que el presidente del Govern, Jaume Matas, ordenara el mismo día que se produjo su arresto su dimisión, así como el cese de Massot. Así, Hidalgo, Massot y Gibert declararán hoy a partir de las nueve de la mañana después de que el martes se acogieran al derecho de no declarar.
Según el auto, el cesado director general de Ordenación del Territorio de Baleares, Jaume Massot, tiene una empresa dedicada a negocios inmobiliarios con sede en su domicilio particular. Dicha sociedad es Balear Helvética S.A. y se dedica a las actividades Inmobiliarias y de Construcción, por lo que el Ministerio Público estima que la empresa ha podido ser utilizada para «blanquear dinero procedente de actividades delictivas». En dicho auto se expone que existe un «entramado societario» en el que figuran nueve empresas que supuestamente han servido para blanquear el dinero procedente del cobro de comisiones por parte del alcalde de Andratx y de la mujer del celador, Antonia Gari, a cambio de la concesión de licencias de construcción en suelo protegido.
Del mismo modo, el juez Latorre decretó ayer el levantamiento parcial del sumario del caso del Ayuntamiento de Andratx en aras «al principio de publicidad» y «a fin de facilitar la defensa de los imputados». Este auto determina que «continúa el secreto respecto del contenido de la documentación, efectos, objetos y demás elementos obtenidos en las entradas y registros efectuados hasta que se procese» y «se valore la posibilidad de alzar el secreto sin dañar la investigación». El juez reclamó, debido a la gran cantidad de documentación que se ha incautado hasta el momento, una ampliación urgente de la plantilla a su cargo en, al menos, dos funcionarios para poder analizar todo el material que obra es su poder. |
