EL PLENO del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley de Dependencia, con el rechazo de CiU, EA y PNV y la abstención de Nafarroa Bai, un texto que finalmente vuelve a tener en cuenta el patrimonio del usuario para determinar su aportación al pago de los servicios y prestaciones. Tras acabar el debate, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que el «amplio acuerdo» y la colaboración de «todos» para aprobar la Ley de Dependencia permitirá que se convierta en el «gran proyecto social de los próximos años» en el Estado.
Con la ley que entrará en vigor en enero próximo se atenderá a más de un millón de personas en situación de dependencia, sobre todo mayores y discapacitados.
Durante el debate, los portavoces de CiU y PNV, Carles Campuzano y Emilio Olabarría, respectivamente, coincidieron en que la ley invade «masivamente» las competencias autonómicas en asuntos sociales, y auguraron que «tarde o temprano» será corregida en el Tribunal Constitucional o en las Cortes. Campuzano recordó que CiU ha defendido la exclusión de la vivienda habitual del patrimonio de usuario, con la finalidad de «garantizar el acceso de las clases medias» al sistema de dependencia. Con la actual redacción, las clases medias quedan «excluidas» y deberán seguir pagando los servicios de su «bolsillo». Añadió que de no ser por las aportaciones de PNV, EA y CiU la nueva norma no tendría entre sus beneficiarios a los discapacitados intelectuales y a los enfermos mentales.
Por otro lado, Campuzano advirtió de que varias enmiendas socialistas aprobadas ayer propiciarán que «en la práctica» la ley no se aplique a primeros de 2007, ya que se suprimen plazos para crear el Consejo Territorial del Sistema para la Atención a Dependencia y aprobar el desarrollo reglamentario. |
