El gobierno de Venezuela garantizó ayer al embajador de España en Caracas que no concederá la nacionalidad a cuatro presuntos miembros de ETA residentes en el país y que no indemnizará a otros dos miembros de la organización armada expulsados en 2002, según informaron fuentes diplomáticas. De esta forma, el Ejecutivo venezolano zanjaba en primera instancia una situación que puso en marcha la maquinaria diplomática y judicial española, después de que la noticia de que existía un acuerdo para ello removiera la vida política en el Estado.
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero intentaba calmar los ánimos desde Senegal, pidiendo a quienes le exigían un posicionamiento que dieran tiempo a su Gobierno a comprobar que los hechos eran realmente como se habían dado a conocer en algunos medios de comunicación. En cualquier caso, el ministro de Interior Pérez Rubalcaba aseguraba que si se confirmaba la noticia «sería una decisión inaceptable para España», advirtiendo veladamente que generaría problemas en las relaciones entre ambos Estados.
El abogado que representa a a Sebastián Etxaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza -los miembros de ETA que habrían sido indemnizados por su extradición ilegal- aseguró desde Caracas que el acuerdo existía. Poco más tarde Askatasuna profundizaba en ello, explicando que se adoptó en junio, pero que las indemnizaciones a Etxaniz y Galarza aún no se habían cobrado, y que el acuerdo había sido ratificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su última reunión, celebrada en noviembre.
Según el colectivo de apoyo a presos de ETA, en él se reconocía «el derecho a asilo en el caso de los que fueron deportados», y que, «si tienen derecho a lograr la nacionalidad, se deben facilitar los trámites» para ello, «especialmente, en el caso de Lorentzo Aiestaran, Ángel Aldana, Eugenio Barruetabengoa y Txetxu Urteaga».
Recurso del abogado
A media tarde, se conoció que Morodo, se entrevistó con el ministro venezolano de Exteriores Nicolás Maduro, quien le aseguró que las autoridades de su país «desautorizan» el contenido de los acuerdos.
Al conocer esta desautorización, el abogado de Galarza y Etxaniz insistió en que el documento no sólo existía, sino que había sido firmado con la responsable de la Oficina del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional María Auxiliadora Monagas, y en que el Ministerio de Exteriores venezolano conocía «perfectamente» su contenido».
Asimismo, el letrado aseguró que, a su modo de ver «el Gobierno de Venezuela está cediendo a las presiones de Madrid y eso es inaceptable», al tiempo que anunció que si las autoridades venezolanas decidan ahora incumplir lo pactado en junio, elevarán su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. |
