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Cuatro años después
EL DENOMINADO ‘caso Egunkaria’ puede haber dado un giro importantísimo tras el copernicano cambio dado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que, casi cuatro años después del cierre del periódico euskaldun, asegura ahora que no hay elementos incriminatorios suficientes que vinculen al diario con ETA y, en consecuencia, pide su archivo. El diario ‘Egunkaria’ fue clausurado el 20 de febrero de 2003 en el curso de una operación en la que hubo también diez personas detenidas. En este tiempo, responsables del periódico, Gobierno vasco, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación -entre ellos DEIA-, organizaciones sociales, el mundo de la cultura... han denunciado insistentemente lo que fue -y ahora la Fiscalía parece haberse enterado- un atropello a la libertad de expresión, a la cultura vasca y a la difusión y normalización del euskera.
CASI CUATRO AÑOS después, es difícil felicitarse por esta decisión, primero porque llega irremediablemente tarde y el diario, sus trabajadores y sus lectores ya han sufrido las consecuencias irreparables. Y segundo, porque aún queda la decisión en manos de la Sala de la Audiencia Nacional, cuya composición no invita precisamente al optimismo. Con todo, nos encontramos ante un hecho positivo. Lo que es muy difícil de comprender es que la Fiscalía haya tardado casi cuatro años en darse cuenta de que no había posibilidades de acreditar que ‘Egunkaria’ fuera una fuente de financiación de ETA, ni que fuera instrumento de blanqueo de capitales. «A pesar de los esfuerzos», reconoce el fiscal, no se ha encontrado una sola prueba. Su argumentación es demoledora: «En los trece años de publicación del periódico no se encuentra ni una sola noticia, editorial o artículo que denote que participan en ese desdoblamiento político-social, del deseo de aglutinar población en torno a ETA». Además, afirma que los dirigentes del periódico eran «ajenos a la banda terrorista y sus designios». Es decir, un ‘bluff’ jurídico-policial más, con un grave daño para el diario y también para la justicia. Ahora que el proceso de paz pasa por malos momentos, este cambio de actitud de la Fiscalía viene a ser un soplo de oxígeno para la esperanza de la sociedad vasca que, aunque tarde, ve que las aguas siempre pueden volver a su cauce.
Grabación de detenidos
EL JUEZ DE LA Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tan presto siempre a los focos, la notoriedad y la innovación, ha ordenado por primera vez que se proceda a la grabación en vídeo o DVD durante las 24 horas del día de los once presuntos terroristas islamistas detenidos el martes en Ceuta y a los que el propio magistrado aplicó la medida de la incomunicación. Más allá de los increíbles y tragicómicos problemas logísticos que ha generado su decisión, resulta sorprendente comprobar la capacidad de Garzón para superarse a sí mismo y contradecirse al mismo tiempo. En efecto, el juez ha tenido múltiples ocasiones de aplicar una medida similar, que, diga lo que diga, busca evitar casos de torturas, pese a que han pasado por sus propias manos denuncias de malos tratos. Sorprende también que el magistrado sostenga que la incomunicación es una medida restrictiva de los derechos del detenido, algo obvio. Bienvenida sea la tardía orden, que no debe ser sólo un caso aislado que busque un efecto mediático. |
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