El Congreso de los Diputados rechazó ayer las enmiendas a la totalidad del PP, IU y ERC contra el proyecto de Ley por el que se amplían derechos a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Fue el primer examen serio de una iniciativa que traerá polémica en los próximos meses, ya que el gobierno español no tiene asegurados los apoyos suficientes para sacarla adelante. Además de los grupos que se oponen frontalmente, CiU y PNV, -que se abstuvo-, han dicho que no la apoyarán a no ser que cambie. En su presentación, y bajo la mirada del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega calificó el proyecto como «relevante y necesario», que pretende «saldar la deuda de la injusticia».
De la Vega, que consideró «especialmente sangrante» el caso de los dos anarquistas, declaró que, «por primera vez en la historia de España, un proyecto reconoce y declara con carácter general la injusticia» de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia «ocasionada por razones políticas o ideológicas» durante aquel periodo, y dijo que el proyecto no pretende «reescribir» la Historia, para eso ya están los historiadores. «Se trata de una ley heredera del mejor espíritu de la Transición», manifestó, para añadir que sólo «pretende hacer justicia con aquellos que se vieron privados del derecho de su memoria», cuya biografía «quedó mutilada durante años». «La justicia es el mejor cicatrizante para las heridas».
Asociaciones antifranquistas
Había máxima expectación en el desarrollo del pleno pese a que el debate se celebraba relativamente temprano. Y es que desde que se anunciara esta medida, ha levantado gran polémica. Miembros de asociaciones antifranquistas y de represaliados por la dictadura siguieron desde primera hora el devenir del debate.
El portavoz de ERC, Joan Tardà, volvió a insistir en la inclusión del punto de la anulación de los juicios sumarísimos. Ante el aplauso de sus diputados, señaló que esos juicios «son nulos de pleno derecho porque se produjeron con violación de los Derechos Humanos más universales». Pidió el voto para su texto alternativo, y se dirigió a Zapatero, para decirle que debiera desear que dentro de 70 años «un nieto suyo pudiera citar esta ley con el mismo orgullo con el que usted citó el testamento político de su abuelo fusilado».
Desde IU-ICV, Joan Herrera, dejó clara su oposición a la Ley tal y como está: «generará frustración», advirtió. Ambos criticaron además que la justicia española haya actuado contra Pinochet y no se haga igual aquí.
Desde el otro frente, el PP pidió la inmediata retirada de la Ley, al considerar que es «innecesaria, extemporánea, errónea, hipócrita y falsaria», ya que busca «atribuir derechos ficticios». |
