EL FISCAL de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo pidió ayer el sobreseimiento provisional y, en consecuencia, el archivo del conocido como "caso Egunkaria" mediante un informe presentado ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal. Casi cuatro años después de la clausura del diario, que se produjo en febrero de 2003, el Ministerio Público afirma que no existen suficientes elementos incriminatorios para estimar acreditado un delito de asociación ilícita subordinada a ETA por parte de los siete encausados.
Se da la circunstancia de que el pasado mes de febrero la Fiscalía sí apoyó la confirmación de estos procesamientos, que afectan a Iñaki Uria, Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi, Xabier Alegría, Pello Zubiria, Xabier Oleaga y Martxelo Otamendi. El cambio de criterio del fiscal ha sido acogido con «alivio» pero con «prudencia» por parte de los encausados, ya que aún es posible que se llegue a juicio por el hecho de que la acusación popular que sostienen la AVT y ‘Dignidad y Justicia’ mantiene esa petición.
En el escrito del fiscal, de 26 páginas, al que ha tenido acceso este diario, se recuerda que el propio instructor del caso, el juez Del Olmo, reconoció que no se ha podido acreditar ni que el diario fuera fuente de financiación de ETA, ni que fuera instrumento de blanqueo de capitales. «A partir de ahí -señala Carballo- el procedimiento se reconduce» para averiguar si Egunkaria era «un instrumento del que dispondría la banda terrorista ETA para la consecución de sus fines». Sin embargo, reconoce que este hecho tampoco ha podido ser «constatado».
En palabras del fiscal, a pesar de los esfuerzos realizados, no se ha encontrado documento alguno que sostenga las conclusiones incriminatorias del procesamiento, y tampoco se ha logrado describir «una línea editorial que atestigüe» que Egunkaria fuera un artificio legal para el cumplimiento de los objetivos de ETA. «En los trece años de publicación del periódico no se encuentra ni una sola noticia, editorial o artículo que denote que participan de ese desdoblamiento político-social, del deseo de aglutinar población en torno a ETA», se asegura.
Para Miguel Ángel Carballo, «a lo sumo», puede decirse que se incautaron documentos a miembros de ETA «en los que se deduce interés del grupo armado en el periódico», lo cual resulta «lógico», pues ETA «en los últimos tiempos se ha centrado en causas socio-políticas para captar adeptos». En cualquier caso, asume que, para estimar probado que bajo la apariencia del diario se ocultaba ETA, hubiese sido necesario acreditar que los procesados daban «justificación ideológica al terrorismo» y, sin embargo, éso «no es así».
Con respecto a las supuestas irregularidades tributarias o los posibles delitos societarios o contra el patrimonio que se investigan en una pieza aparte, el fiscal solicita que se adopte «la resolución que proceda conforme a las normas de competencia (...) para su inhibición a favor de los tribunales competentes» de la CAV. |
