El titular del Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, libró ayer un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad para que implemente sistemas de grabación en dependencias de las Fuerzas de Seguridad donde son dirigidos los detenidos por terrorismo, en régimen de incomunicación, antes de ser puestos a disposición judicial.
Según informaron fuentes jurídicas, el oficio de Garzón es consecuencia de la contestación verbal de Interior al auto que emitió la víspera. Las mismas fuentes explicaron que Interior contestó que no contaba con medios para grabar los calabozos de los once detenidos por pertenecer presuntamente a una célula islamista en Ceuta.
Aunque esta medida ha sido ordenada para los once detenidos detenidos el pasado martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 la extenderá a todos los casos de terrorismo, ya sea islamista o de ETA que le corresponda instruir.
En su oficio de ayer, Garzón pide concretamente que se habiliten los sistemas de grabación en las dependencias de Policía y Guardia Civil a donde son conducidos los presuntos terroristas, es decir, el complejo policial de Canillas, sede de la Comisaría General de Información, y la Dirección General de la Guardia Civil, ambas instalaciones en Madrid.
Mientras, la Policía respondía a Baltasar Garzón, que no tiene medios suficientes para que sean grabados permanentemente durante su estancia en dependencias policiales los once presuntos terroristas islamistas detenidos el pasado martes en Ceuta.
Así lo aseguraron ayer las fuentes jurídicas, que señalaron que el magistrado había enviado ayer mismo un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad para que disponga cuanto antes de los medios necesarios en las comisarías en las que vaya a haber personas detenidas por delitos de terrorismo.
En un auto dictado el pasado martes, Garzón acordó por primera vez esta medida, que se basa en recomendaciones internacionales, entre ellas las del Relator especial de Naciones Unidas contra la tortura, Manfred Nowak, tras su visita al Estado español y tiene por objeto reforzar las garantías de respeto a los derechos de los detenidos en régimen de incomunicación, y que se extenderá a todos los detenidos por delitos de terrorismo, lo que incluye a los arrestados por su supuesta relación con ETA.
También organismos europeos de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han mostrado su preocupación por las denuncias de torturas.
Las fuentes consultadas señalaron que, en cualquier caso, el magistrado hacía referencia en su resolución a otras medidas alternativas que sí podrán adoptarse.
Entre esas medidas figuraba la de personarse «en el lugar en el que están los detenidos en cualquier momento», así como que los detenidos pudieran ser reconocidos por médicos de su elección, además de por los médicos forenses adscritos a la Audiencia Nacional, que les examinarán al menos cada ocho horas.
Por último, la Policía tiene obligación de informar a los familiares de las personas incomunicadas del lugar donde se encuentran éstas y al juez de las características del mismo «y del tiempo de permanencia sin contacto con persona alguna».
Las mismas fuentes añadieron, por otra parte, que los once detenidos en la "operación Duna" comenzarán a prestar declaración ante Garzón mañana sábado. |