La LEY de Dependencia, la «más importante de la legislatura» como ha sido bautizada por el Gobierno español, comenzó ayer su andadura con una nueva polémica, el hecho de que se retrase hasta abril la fecha para poder recibir las ayudas. Además este año, la ‘‘ambiciosa’’ normativa sólo afectará a aquellas personas de Grado III (gran dependencia), es decir, aquéllas que por su total pérdida de autonomía física o mental necesitan la presencia indispensable y continua de otra persona. Por eso, en Euskadi, la incidencia de la Ley en 2007 será nula. «Su aplicación será muy progresiva, empezando por los más afectados pero, en el conjunto de Euskadi, la asistencia y la cobertura que reciben estas personas más graves son ya prácticamente totales», afirma Fernando Consuegra, viceconsejero de Acción Social del Gobierno vasco.
A su juicio, «nuestro sistema de servicios sociales en el ámbito de la atención para la dependencia goza de una salud estupenda. En estos momentos, nos situamos en unos servicios de teleasistencia, de ayuda a domicilio, de centros de atención de día, de residencias... muy por encima de la media estatal. Y el panorama no va a cambiar», afirma.
¿Qué pasa con el dinero?
La Ley se queda, por tanto, muy por debajo de la expectativas creadas y Consuegra pone el dedo en la llaga, la financiación. «En este momento, la inmensa mayoría del esfuerzo lo realizan las instituciones vascas competentes. Ello se refleja en un hecho palpable y es que en el ejercicio 2006, el conjunto de las instituciones vascas nos hemos gastado 400 millones de euros en el ámbito de la dependencia, el 98% del total. Eso supone que la aportación del Ministerio ha sido de apenas un 2%», asevera.
Además de una Ley «de mínimos», se trata de una norma totalmente sujeta a las comunidades autónomas. «Es necesariamente una ley cuyo calendario de ejecución está condicionado a las comunidades. Primero han de crearse unos consejos territoriales. Por eso, previsiblemente este mes habrá una reunión de directores generales, que son los preliminares para la creación de un consejo territorial. Cualquier desarrollo de esta ley depende de las comunidades autónomas y debe hacerse a través del Concierto», especifica Consuegra.
En este sentido, el titular de Trabajo, Jesús Caldera, revalidaba ayer las palabras del viceconsejero y aseguraba que el próximo 11 de enero se celebrará una reunión con todas las CC.AA. en la que, «con casi total certeza», se convocará para el 22 de enero el Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia. Este órgano rector deberá aprobar antes de marzo las ‘‘tres piezas clave’’ para la marcha efectiva de la Ley.
¿Quién fija los baremos?
En primer lugar, el Consejo elaborará y aprobará el Reglamento que determine los criterios de evaluación de las situaciones de dependencia, es decir, el baremo según el cual se valorará la capacidad de las persona para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria y un protocolo con los procedimientos a seguir.
El segundo reglamento regulará las prestaciones por dependencia que, también previo acuerdo con las comunidades autónomas, concentrará en un texto la intensidad de las protección de los servicios, los requisitos y condiciones de acceso a las prestaciones económicas, la capacidad económica del solicitante y su participación en el coste de los servicios.
Finalmente, el Consejo deberá dar luz verde al reglamento por el cual se incorporan a la Seguridad Social los cuidadores no profesionales cuando se presta el servicio en el entorno familiar. Aunque también requerirá el consenso autonómico, Caldera adelantó que esta incorporación será probablemente al Régimen General y no al de autónomos, lo que significa que el cuidador no tendría que hacer frente al pago de las cuotas.
Así, una vez que se apruebe el baremo, todos los ciudadanos que lo deseen pueden solicitar una evaluación en los servicios sociales de su Comunidad con el fin de determinar su grado y nivel de dependencia, que acreditará su situación para todo el Estado. Los servicios sociales de la Comunidad elaborarán, teniendo en cuenta la opinión del beneficiario, un programa individual de atención con los servicios y prestaciones económicas que va a recibir. |
