La subida de las tarifas de telefonía móvil que ya han anunciado dos de los principales operadores, Movistar y Orange, ha puesto a los consumidores en pie de guerra. Asociaciones de defensa de los usuarios piensan demandar a estas compañías por la «subida abusiva e injustificada» de hasta un 25% que pretende compensar la eliminación del redondeo decretada por ley. «Movistar anunció la semana pasada que sube sus tarifas hasta el 25%; Orange lo hizo ayer, Vodafone las va a actualizar a lo largo de esta semana y mucho nos tememos que va a seguir a sus competidoras», aseguró ayer Enrique García, portavoz de la OCU, quien afirmó que este organismo está «evaluando seriamente demandar a las tres operadoras, –si Vodafone se suma a la medida– ante el Tribunal de Defensa de la Competencia». «Vamos a estudiar todos los mecanismos legales, denuncia en Consumo, en Competencia y, si cabe la posibilidad, también ante los órganos judiciales», afirmó el jefe del Departamento de Comunicación y Relaciones Externas de la OCU.
Competencia actuará
Ante este cúmulo de quejas, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, anunció ayer que el Servicio de Defensa de la Competencia actuará si ve indicios de «concordancia» entre las compañías para subir los precios y esquivar así los efectos de la reforma de la Ley de defensa de los consumidores, que entra en vigor el 1 de marzo y que prohíbe el redondeo. No obstante, precisó que «en principio» es la «competencia» entre los operadores de telefonía móvil la que «debe definir el juego de las tarifas», puesto que existen varios rivales en el mercado.
Por su parte, otra asociación a nivel estatal, Facua, también denunciará ante Competencia a Telefónica y Orange por un «posible pacto de tarifas». Después de que la semana pasada Movistar fijara un alza en sus precios, el operador de telecomunicaciones Orange comunicó ayer que también establecerá en 0,15 céntimos por segundo el precio de establecimiento de llamada (un 25% más, al igual que el anunciado por Movistar).
El malestar es ya unánime entre los usuarios que se encuentran totalmente desprotegidos ante el desproporcionado incremento. La Asociación de Consumidores de Euskadi, EKA-OCUV denunció con dureza esta subida, al tiempo que se sumaban a las críticas de sus homólogas «porque es un barco en que estamos embarcados todos». También la Unión de Consumidores rechazó rotundamente esta subida y criticó que las operadoras apliquen con «trampa» las obligaciones impuestas por la nueva ley. Hay que señalar que Vodafone y Yoigo tienen que comunicar esta semana sus nuevas tarifas, ya que se obliga a los operadores a hacer pública su adaptación a la tarificación por segundos. Facua aseguró que «esta subida del establecimiento de llamada puede vulnerar la nueva ley porque puede haber existido un pacto entre las compañías», afirmó su portavoz, Rubén Sánchez. «El truco reside en que las compañías van a compensar los ingresos que obtienen por el redondeo ilegal de sus tarifas con una subida generalizada de tarifas que en muchos casos no sólo va a equilibrar esa falta de redondeo sino que va a incrementar sus ingresos», denunció Enrique García.
870 millones ‘‘de más’’
El portavoz de la OCU pone el dedo en la llaga. «Si las tres operadoras aplican la subida que proponen en el establecimiento de llamada a los 24.000 millones de llamadas que se hacen en un año –tomando datos de la CMT–, ese incremento de tres céntimos puede suponer el 70% de lo que estas compañías ingresaron de más el año pasado fruto del redondeo ilegal de sus tarifas. Y es que la CMT ha comprobado que hay más minutos facturados que los realmente cursados, lo que permite afirmar que, por ejemplo, en 2005, las compañías ingresaron más de 870 millones fruto del redondeo».
El enfrentamiento entre operadoras de móviles y usuarios viene de largo y es el conflicto que más quejas genera. De hecho, las compañías venían facturando desde hace mucho el redondeo en sus tarifas, cobrando por bloques y por tramos de 30 segundos aunque no prestaran el servicio. «Nosotros lo denunciamos de forma reiterada y en setiembre de 2005 lo llevamos a los tribunales. Además denunciamos que España era uno de los pocos países europeos que cobraba el establecimiento de llamada y un primer minuto completo. Presentamos esta demanda y nos la estimaron en su totalidad», recuerda Enrique García.
