Cuando los ecos de la masiva manifestación que recorrió el lunes las calles de Bilbao en defensa de las instituciones vascas aún no se han apagado, el máximo representante del Gobierno vasco, el lehendakari Juan José Ibarretxe, acudirá a las 9.30 de la mañana de hoy al Palacio de Justicia de la capital vizcaina para defender el diálogo entre todos como herramienta indispensable para alcanzar acuerdos que lleven a una paz definitiva.
En la sede del TSJPV deberá declarar como imputado en la causa abierta contra él por reunirse con Batasuna un mes después del alto el fuego de ETA, aunque no estará sólo en dicho trance. Y es que le acompañará una amplia representación de las Ejecutivas de PNV, EA, EB y Aralar, así como el Ejecutivo vasco al completo y militantes y ciudadanos en general.
La escena inédita de un jefe del Ejecutivo vasco subiendo las escalinatas del TSJPV como encausado tendrá lugar en medio de una honda polémica entre los ámbitos político y judicial, así como entre el Gobierno del PSOE y el Partido Popular. Las acusaciones de continuas injerencias entre unos poderes que, a priori, deberían estar perfectamente delimitados, presiden un debate que ayer se centró en dos frentes: la conveniencia o no de hacer declarar al lehendakari, y la idoneidad de las medidas llevadas a cabo por las instituciones vascas para mostrar su desacuerdo con este extremo.
Ayer mismo, el Consejo General del Poder Judicial hizo pública, a través de su portavoz Enrique López, una declaración institucional por la que definía la ‘‘sujeción a un procedimiento jurisdiccional de un responsable político’’ como ‘‘la más justa y democrática expresión de la igualdad de todos ante la ley’’.
Aprobada por unanimidad de la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de la Judicatura, el texto aseguraba que ‘‘los juzgados y tribunales actúan exclusivamente en aplicación de la ley, sin dar entrada en sus decisiones a razones políticas o de otra naturaleza’’.
Por ello, instaba a enmendar los ‘‘posibles errores’’ en que pudieran incurrir dichos tribunales a través del ‘‘sistema procesal de recursos o la debida exigencia de responsabilidad’’ de quienes dicten las resoluciones judiciales. Pero nunca, añadía, ‘‘mediante presiones o campañas de acoso’’.
El escrito del CGPJ respondía a la declaración institucional del Gobierno vasco hecha pública el pasado sábado en Lehendakari-tza por parte de los consejeros Joseba Azkarraga y Miren Azkarate, en la que acusaban a la Ley de Partidos del «desbordamiento de límites» en el ámbito judicial que ha llevado a encausar al lehendakari.
No obstante, y en medio del constante ‘‘toma y daca’’ en que se han tornado las relaciones entre partidos políticos y la Judicatura, el departamento de Justicia del Ejecutivo de Gasteiz contestó ayer mismo con una nota la declaración del CGPJ, asegurando que el lehendakari ‘‘no es un ciudadano más, por lo que no se puede pretender juzgar sus actuaciones como si no ejerciera una alta representación y una máxima responsabilidad’’.
El departamento que dirige Joseba Azkarraga sostiene que el principio de igualdad defendido por el Consejo General implica, en el caso de Juan José Ibarretxe, que la admisión de la querella y, ‘‘más aún, su imputación’’, tenía que haberse basado en la existencia de ‘‘evidencias manifiestas’’ de que sus actuaciones no fueron legales.
Concluye que el CGPJ no es un ‘‘órgano facultado’’ para censurar o aplaudir la actuación política del Gobierno vasco ni de los partidos que lo sustentan ni, ‘‘desde luego, para pretender el silencio a la crítica’’.
«Se usan raseros diferentes»
Por la mañana, la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, compareció tras el Consejo de Gobierno para denunciar que la Justicia está aplicando «un rasero absolutamente diferente» a la hora de enjuiciar a Juan José Ibarretxe en comparación con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario general del PSE, Patxi López. Esto se debe, explicó, a que los dirigentes socialistas no están encausados pese a autorizar contactos con ETA el primero y reunirse con Batasuna el segundo.
Azkarate criticó que «no es admisible que se le procese -al lehendakari- por hablar con Batasuna cuando este mismo hecho no se ha considerado delito cuando lo han llevado a cabo otros representantes políticos».
Además, negó que medidas como la manifestación del lunes, la declaración institucional del sábado o la concentración prevista para hoy sean «medidas de presión hacia el Poder Judicial». Muy al contrario, expresó que «responden al derecho que asiste a cualquier sociedad para manifestar sus opiniones».
En el ámbito estatal, el continuo ‘‘rifirrafe’’ entre PSOE y PP vivió un nuevo capítulo con la afirmación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que la independencia de los órganos jurisdiccionales «está garantizada en la Constitución». Su afirmación de que el Estado de Derecho «permite la libertad de expresión y de crítica» provocó la inmediata respuesta del presidente del PP, Mariano Rajoy, que lo calificó de «colosal disparate», ya que «todos, desde el más poderoso hasta el más humilde somos iguales ante la Ley». |
