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Alfons López Tena -a la derecha-, vocal del CGPJ, charla con Enrique López, el portavoz del máximo órgano de los jueces. Archivo |
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Un vocal del CGPJ denuncia la doble vara de medir de la justicia con Ibarretxe
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«¿Cómo es que no se ha procesado a Aznar por reunirse con ETA?», pregunta López Tena
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Igor Camaño Bilbao
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La causapenal abierta al lehendakari por reunirse con Batasuna no sólo ha abierto una profunda polémica en las instituciones y la sociedad vasca. En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces, también hay voces muy críticas con la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que preside Ruiz Piñeiro de criminalizar la actuación del máximo representante institucional vasco. Alfons López Tena denunció ayer a DEIA la doble vara de medir de la justicia, que no procesó a Aznar o a Carod Rovira por reunirse con ETA y sí lo hace con el lehendakari por hacerlo con Batasuna.
«¿Cómo es que no se ha procesado a Aznar, a Dezcállar -director del CNI- o Zarzalejos -jefe de Gabinete del presidente ‘‘popular’’- por las reuniones que tuvieron con ETA en Suiza? -se pregunta López Tena- Ningún fiscal ni ningún juez ha entendido que tenía que abrir diligencias por un delito de colaboración necesaria con banda armada por haberse reunido con ETA. El problema es esta doble vara de medir. El Tribunal Supremo dice que la reunión de Patxi López no es delito; Garzón no prohíbe la reunión de julio entre el PSE y Batasuna porque no permite la intromisión de los jueces en la vida política; el mismo Supremo dice que no es delito reunirse con ETA en el caso de Carod; el fiscal general y el del TSJPV piden el archivo del caso porque consideran que no es delito reunirse con Batasuna, y resulta que Ruiz Piñeiro, Sáiz y García, que vienen de donde vienen, sí entienden que es delito. Aquí hay una clara doble vara de medir», constató a este periódico el magistrado catalán.
López Tena añade más argumentos para defender que la reunión del lehendakari con Batasuna no es constitutiva de delito: «En el año 2004, a Carod Rovira le presentaron una querella en el Tribunal Supremo después de que se reuniera con ETA en Perpignan. Ojo, con ETA, no con Batasuna. El Supremo no la admitió a trámite indicando que la reunión con ETA no era constitutiva de delito salvo que fuera para preparar delitos. Reunirse con alguien no es constitutivo de delito salvo que la reunión sea para preparar la comisión de delitos. Reunirse con un delincuente no es constitutivo de delito; jamás lo ha sido».
El control del TSJPV
Precisamente, este magistrado presentó ayer el texto de la demanda contra Francisco José Hernando, presidente del CGPJ , por impedirle debatir y votar una propuesta relativa al nombramiento de un magistrado para la sala de lo Civil y Penal del TSJPV. «El PSOE y PP se repartieron los dos nombramientos del TSJPV de 2002 y 2005. En la primera vacante el PP colocó a Roberto Sáiz -hoy instructor del proceso contra el lehendakari-. En la terna del Parlamento vasco de 2005 no había nadie del PP ni nadie próximo a la línea de Redondo Terreros, por lo que el CGPJ optó por no nombrar a nadie. Yo llevé esa terna al pleno. Tampoco se nombró a nadie. El Parlamento vasco recurrió al Tribunal Supremo y en sentencia de 2006 anuló el acuerdo del Consejo diciendo que no era de acuerdo a derecho no nombrar a ninguno de los tres sin motivar las razones». Finalmente, divergencias internas entre los afines del PP y la ‘‘obligación’’ del socialista Martínez Lázaro propiciaron que saliera Antón Subinas -propuesto por el tripartito vasco-.
Esta negativa a designar tenía una explicación clara, según este vocal del Consejo: «El CGPJ tiene especial interés en controlar esa sala de lo Civil y Penal del TSJPV porque es la que juzga a los altos cargos del País Vasco. Para el CGPJ, dominado por el PP, supuso una pequeña tragedia porque hasta ese momento la composición de la sala era tres del PP (Ruiz Piñeiro, Roberto Sáiz y Antonio García, líder de la APM) contra Nekane Bolado. Si entraba otro magistrado que no fuera de la línea PP en las votaciones estarían empatados a dos y debía ser Ruiz Piñeiro quien deshiciera los empates, cosa que no quería de ninguna manera para mantener su imagen de imparcialidad institucional. Claro, desde aquel nombramiento ya no lo ha podido mantener. El CGPJ quería mantener a Ruiz Piñeiro por encima del bien y del mal y ya no es posible». |
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