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El magistrado recusado, Pablo Pérez Tremps, en la toma de posesión. Archivo |
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Un magistrado del TC que votó a favor de recusar a Tremps también realizó un informe del Estatut
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El estudio de Rodríguez Zapata, propuesto por el PP, sirvió de base a la reforma catalana
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E. P. Barcelona
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El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Jorge Rodríguez Zapata, que actuó de ponente en la recusación de Pablo Pérez Tremps, elaboró también un informe para la Fundación Pi i Sunyer en fechas anteriores al inicio de la reforma del Estatut. Rodríguez Zapata fue uno de los seis magistrados que votaron a favor de la recusación contra Pérez Tremps y forma parte del grupo de magistrados que se presume contrario al Estatut.
La Fundación, que es una entidad privada entre cuyos patrones está la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, encargó el informe titulado "Evolución de la aplicación de los principios contenidos en la carta Europea de autonomía local por la jurisprudencia del TC y del Tribunal Supremo".
Según publicó ayer "La Vanguardia", la Generalitat de Catalunya ya apuntó este dato en sus alegaciones contra la recusación de Pérez Tremps presentada por el PP, para argumentar que la solicitud de informes a expertos catedráticos es una práctica habitual de fundaciones públicas y privadas como el Institut d’Estudis Autonòmics (IEA), organismo de la Generalitat que encargó el estudio a Pérez Tremps.
La Generalitat alegaba que «es perfectamente lógico» que al pedir informes a estos catedráticos, algunos de ellos resulten personas que en un futuro puedan integrarse en el TC, dado que éstos han de ser «juristas de competencia reconocida, con más de quince años».
En la misma línea se expresó el presidente, José Montilla, quien consideró que «a los magistrados del TC se les escoge precisamente por ser expertos en la materia» y destacó que «no hay precedentes en la historia democrática de España ni de Europa de recusaciones de un magistrado y, menos aún, por emitir una opinión académica previa a su nombramiento».
La Generalitat y el Parlament presentaron ya una recusación contra un miembro del TC, Roberto García Calvo, que fue denegada. No obstante, la recusación no se argumentaba porque el magistrado hubiera redactado informes previos sino por unas declaraciones públicas en las que se posicionaba sobre el Estatut calificándolo de «experimento de tinte independentista que fisura o propicia la fractura de España».
Una vez sentado el precedente de la recusación de Pérez Tremps, aunque la Generalitat quisiera presentar una recusación a Rodríguez Zapata no podría hacerlo porque la ley establece que tal acción debe llevarse a cabo cuando se tenga conocimiento del motivo y en el documento de alegaciones del Govern, presentado a finales del año pasado, queda patente que ya se tenía conocimiento.
La diputada del PP catalán al Parlament Montserrat Nebrera ha admitido que su partido ha encontrado «la grieta jurídica» que necesitaban para conseguir su «objetivo político».
Nebrera insistió ayer en que no se trata de una sentencia del PP contra el Estatut y aseguró que su formación tiene toda la legitimidad para presentar la recusación.
Asimismo, sobre la hipotética dimisión de Pérez Tremps dijo que supondría «un caso de instrumentalización partidista del Derecho».
Mientras, el conseller de Interior, Joan Saura, avisó de que si el TC «rebaja, limita o degrada» el contenido del Estatut y dictamina que no cabe en la Constitución Cataluña entraría en una situación «imprevisible» y España «tendría un problema grande». |
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