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El gravamen de la vivienda vacía
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Igor Mera y Sergio García
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"Francia o Reino Unido llevan años definiendo y penalizando la existencia de pisos desocupados. No es un problema de definición sino de voluntad política"
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El anuncio de la futura puesta en vigor del "canon" o gravamen a las viviendas vacías por parte del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco ha suscitado un intenso debate en los medios de comunicación. El volumen (y el tono) de estas reacciones evidencian la trascendencia del asunto y vuelven a sacar a la palestra una contradicción que los agentes sociales llevan mucho tiempo denunciando: la urgente necesidad social convive con un parque inmobiliario infrautilizado y la construcción masiva de nueva vivienda en gran parte inaccesible.
De hecho, el fenómeno de la vivienda vacía no es aislado, ni coyuntural. En el año 2001, el Instituto Nacional de Estadística censaba 86.265 pisos desocupados en la Comunidad Autónoma Vasca. Estudios posteriores, que desechaban esta cifra por poco rigurosa o alejada de la realidad, ha demostrado que existe un mínimo de 54.400 viviendas desocupadas, de las cuales 2/3 se encontrarían permanentemente.
¿Qué consecuencias ocasiona en la sociedad la existencia de más de 34.000 pisos vacíos de forma permanente? Quienes reducen este asunto a la esfera privada afirmarán que ninguna. Obvian, sin embargo, dos efectos negativos para el conjunto de la sociedad. En primer lugar, la consecuencia económica es clara: en una situación de gran demanda, mantener esos pisos fuera del mercado provoca un incremento de precios y dificulta aún más el acceso a una necesidad básica para gran parte de la población. Por otro lado, colabora a continuar por el camino de la construcción masiva de nueva vivienda, agravando el efecto de la colonización del hormigón, de la ocupación de suelos en nuestro pequeño país (recordemos que la superficie de suelo artificializado se ha duplicado en los últimos 20 años). Queda en evidencia, pues, que la existencia de este parque de vivienda vacía es un lujo que no nos podemos permitir.
¿Cómo se consigue que estas casas salgan al mercado? Numerosas voces han señalado como el principal obstáculo la inseguridad jurídica que sufren las personas propietarias a la hora de alquilar su piso, proponiendo cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Medidas que ofrecen seguridad a la persona propietaria pueden ser el derecho de a rescindir el contrato de alquiler si la otra parte deja de pagar la renta o produce daños en la vivienda. O tal vez permitir que la duración del contrato sea menor de 5 años si el dueño o dueña la va a necesitar para sí en un período más corto. Pues resulta que todas las medidas anteriores ya están recogidas en la LAU (Art. 27 y 9). Habría que preguntar: ¿cuáles deberían ser esos cambios tan necesarios en el texto de la ley?
Otra prueba de que la indefensión de propietarios frente a inquilinos no es el obstáculo principal la conforman los datos del programa Bizigune. Este Plan de Vivienda Vacía del Gobierno vasco (que ofrece garantía pública del cobro de las rentas y del arreglo de posibles desperfectos) sólo ha conseguido captar 2.500 viviendas desde en 2003. Es decir, por la vía del incentivo positivo solamente ha aflorado menos del 10% de las casas desocupadas.
Nadie niega que malas experiencias o procesos judiciales alargados hayan generado dudas a algunos propietarios, pero situar esto en el centro del debate supone alejarnos de la cuestión principal. Y es que la evolución del mercado inmobiliario ha convertido un piso en una inversión con rentabilidad y seguridad mayor que la Bolsa, incluso sin cobrar un renta por su alquiler (por lo menos hasta el presente). A esto hay que unirle una actuación de la Administración que ha fomentado la compra de vivienda como inversión, ya sea por acción (mediante las desgravaciones fiscales) o por omisión (la inseguridad en protección social y pensiones obligan a la gente a agarrarse a la propiedad de un inmueble como salvavidas). No nos referimos solamente al caso de esa familia que trata de asegurar su solvencia económica en la vejez ante un incierto panorama económico, sino, sobre todo, al caso de bloques enteros que ciertos particulares y empresas mantienen vacíos fuera del mercado, estrangulando la oferta y empujando los precios al alza (es decir, especulando).
Por todo ello se hace imprescindible hacer llegar un claro mensaje: las casas están construidas para vivir en ellas y la vivienda vacía nos perjudica como sociedad y por tanto debe de ser penada de manera suficiente como para convencer también a grandes propiedades. Y a quienes ven en la Constitución español el impedimento para llevar a cabo la medida habrá que recordarles que ésta establece y delimita la función social de la propiedad.
Más allá, creemos que hay que avanzar en el debate social sobre la presencia de grandes parques de viviendas infrautilizadas o segundas residencias en pueblos tradicionalmente de vacaciones. Además, de suponer una agresión medioambiental están imposibilitando el acceso a una vivienda a las personas jóvenes que desean seguir viviendo en el lugar donde han nacido y crecido.
Se nos dice, sin embargo, que la definición y el control de qué es una vivienda vacía es otra de las infranqueables barreras que impiden la puesta en marcha del gravamen. La Administración ya controla y fiscaliza hechos similares y verdaderamente complejos (que pregunten a las personas perceptoras de Renta Básica o AES si lo público tiene capacidad de inspección). Pero parece que ni la modificación de la Ley de Haciendas Locales, que desde el 2002 permite la recarga en el IBI a pisos vacíos, ni la propuesta de definición presentada en el Órgano vasco de Coordinación Tributaria, han sido suficientes para que las Diputaciones se decidan a regular la vivienda desocupada. Ni siquiera convencen los múltiples ejemplos que podemos encontrar en Europa, referente político para muchos otros temas. En países como Francia o Reino Unido llevan años definiendo y penalizando la existencia de pisos desocupados.
No se trata, en definitiva, de un problema de definición, sino de voluntad política. No existe intención de tomar de una vez por todas la vivienda como un derecho básico (por mucha retórica que se emplee al respecto) y no como un elemento de inversión y acumulación de capital. Todo ello esponsorizado por un conjunto de intereses económicos de bancos, cajas, promotoras, constructoras e inmobiliarias que siguen presionando con éxito para mantener un modelo habitacional basado en la construcción masiva de nueva vivienda, a costa de la salud de nuestros bolsillos y nuestro medio ambiente.
Sergio García y Igor Mera Uriarte, son técnicos de Vivienda del Consejo de la Juventud de Euskadi |
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