El aval dado por el Tribunal Constitucional a los obispos para que puedan elegir o despedir a los docentes de Religión en base a su conducta generó ayer una cadena de reacciones en sentidos opuestos. Desde la indignación de la principal afectada, una profesora canaria despedida por mantener otra relación tras su divorcio, pasando por la petición de una asociación de este colectivo y de sindicatos de la supresión de los acuerdos con la Iglesia, hasta la congratulación de otra organización por el fallo del Tribunal. El Gobierno, por su parte, aseguró que la sentencia se ajusta a la Constitución y a la LOE.
El fallo del TC viene motivado por la remisión, por parte del Tribunal de Justicia de Canarias, del caso de la profesora de religión María del Carmen Galayo Macías, a quienes las autoridades eclesiásticas de la isla no le renovaron el contrato por mantener una relación afectiva con un hombre distinto de su esposo, del que se había separado.
La sentencia considera que «el hecho de que el objeto de la enseñanza religiosa lo constituya no sólo la transmisión de unos determinados conocimientos sino también la fe religiosa de quien la transmite, puede implicar un conjunto de exigencias que desbordan las limitaciones propias de una empresa».
Galayo Macías, que está suspendida en el ejercicio de la docencia como profesora de religión desde hace siete años, se ha mostrado «indignada» por la sentencia del TC, que llevará al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Según la docente, «parece que estamos en la época de la Inquisición porque si te separas de tu marido, te vas de copas, tienes un hijo soltera o te afilias a un sindicato, te retiran esa idoneidad».
Visiones opuestas
Sin embargo, la resolución ha sido acogida de buen grado en las asociaciones integradas por docentes de Religión. El vicepresidente de la (APPRECE), Rafael Martín, saludó la sentencia que ratifica que los obispos pueden elegir a los docentes de Religión y que la conducta de estos profesores determina su cualificación para esta enseñanza, porque «le quita la razón y los argumentos a los que vienen defendiendo que los Acuerdos Iglesia-Estado son inconstitucionales».
«Quienes han coaccionado los concordatos han quedado desautorizados. Nos congratulamos de que haya sido este alto tribunal el que les haya quitado la razón y los argumentos», aseguró Martín.
Al contrario, desde la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza-Intersindicales se subrayó la necesidad de que se deroguen los Acuerdos Iglesia-Estado, ya que que «algunos preceptos son inconstitucionales». «No sólo comprometen a las personas que imparten esa materia, que deben destacar por su recta doctrina y el testimonio de su vida cristiana, sino a todo el sistema educativo».
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó que el fallo del TC se ajusta a la Constitución, dando «un paso más» en un reconocimiento constitucional de derechos. |
