EL PLENO del Parlamento vasco aprobó ayer una enmienda de sustitución presentada por el tripartito (PNV, EA y EB), EHAK y Aralar al primer punto de una proposición no de ley del PSE-EE en la que se acuerda crear una Comisión Especial en la que se analizarán «las posibles responsabilidades» derivadas de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz donde un carga policial provocó la muerte de cinco trabajadores, tras recoger el planteamiento que se incluye en el "Dictamen Histórico" sobre dichos acontecimientos elaborado por el Instituto Valentín de Foronda.
Además de este apartado, que resultó aprobado gracias a los votos a favor de los grupos proponentes y con los votos en contra de PP y PSE, se dio también el visto bueno (con los mismos votos) a una enmienda de adición en la que se insta al Gobierno central a que, con arreglo a la futura Ley de Memoria Histórica, se reconozca a las víctimas del 3 de marzo, entendiendo por tales, no sólo a los fallecidos sino también a los heridos, a quienes sufrieron cárcel o a quienes padecieron alguna secuela, así como que se establezcan las mismas indemnizaciones económicas que perciben las víctimas del terrorismo.
Asimismo, también resultó aprobado, con los votos favorables de todos los grupos excepto del PP, que se abstuvo, el segundo punto de la propuesta original, en el que se indica que el citado Dictamen se trasladará a las instancias y entidades oportunas para que lo adjunten o den referencia del mismo en todos los sumarios e informes abiertos por aquellos sucesos y en todos los fondos documentales que se refieran a la cuestión.
El pleno no aprobó, sin embargo, el primer punto de la iniciativa original, en la que el PSE pedía que el Parlamento vasco haga suyo el dictamen «como versión fehacientemente probada de aquellos hechos», ni el tercero, en el que se pide al Gobierno central que «se reconozca a las víctimas de los hechos referidos y se establezcan las indemnizaciones económicas a que haya lugar».
El representante del PSE-EE, Antonio Rivera, señaló que en 31 años «no hemos sido capaces de dar a estas víctimas el reconocimiento que merecen» y consideró que ésta es «una buena oportunidad», consideró.
Carmelo Barrio (PP) recordó que «son los jueces y tribunales los que juzgan» y los que «deben establecer responsabilidades», y aunque dijo que valora el dictamen, consideró «innecesario» que el Parlamento vasco lo haga suyo «como versión fehacientemente probada de aquellos hechos», como pedía el PSE-EE. Tampoco se mostró de acuerdo con trasladarlo a otras instancias, pero sí apoyó que se reconozca a estas personas como víctimas y se les abone la indemnización pertinente por el sufrimiento vivido. |
