Hace cuatro años La izquierda abertzale fue ilegalizada dos meses antes de las elecciones
Autonómicas de 2005 Batasuna tampoco pudo concurrir a estos comicios, no así EHAK
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El partido popular deberá forzar, al menos hasta después de las elecciones locales y forales de mayo, el bloqueo sobre la renovación de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), actualmente de mayoría netamente conservadora y cuyo mandato venció hace casi medio año. En ello se juega gran parte de sus opciones para evitar que Batasuna o cualquiera de sus posibles sucesoras pueda concurrir a la cita electoral, más aún tras el estrepitoso fracaso con el que ha saldado esta pasada semana, primero en el Congreso de los Diputados y después en el Parlamento vasco, sus intentos por propiciar la ilegalización de EHAK en aplicación del fallo sobre la ilegalización de la izquierda abertzale.
El motivo de esta necesidad de los ‘‘populares’’ de mantener con mano de hierro su control sobre el Consejo es la inminente jubilación de cinco magistrados del Tribunal Supremo y, sobre todo, el hecho de que los cinco vocales que les sustituyan accederán por la vía directa a la conocida como Sala del 61 del Alto Tribunal; es decir, el órgano que, bendecido por la Ley de Partidos Políticos, se encarga de evaluar qué partidos son legales y de ejecutar la sentencia sobre la ilegalización de Batasuna. Precisamente, a esta Sala no le tembló la mano a la hora de ejecutar esta ilegalización en marzo de 2003.
La adscripción de esos cinco nuevos magistrados resulta, por tanto, fundamental de cara a propiciar la presencia o no de Batasuna en las elecciones, y la responsabilidad de su elección recae en el propio CGPJ, responsable por ley del nombramiento de todos los componentes del Tribunal Supremo.
La ecuación, por tanto, es clara: si el Partido Popular mantiene la actual configuración del CGPJ, haciendo uso de su poder de bloqueo para retrasar más todavía su renovación, posibilitará que se designe a cinco magistrados conservadores para ocupar los puestos vacantes en el Supremo y, por extensión, en la Sala del 61; en cambio, un Consejo renovado reflejaría de forma más ecuánime el actual arco parlamentario, con una mayor presencia del PSOE y, previsiblemente, de grupos como el PNV, ERC e IU, lo que tendría su reflejo en la elección de cinco vocales con un perfil progresista que cambiarían el equilibrio de poder en la Sala Especial.
El diputado del PNV Emilio Olabarria opina al respecto que «si se renovara el CGPJ, tendríamos una Sala del 61 con una actitud menos vasalla ante las tesis del PP y quizás se podría solucionar un grave déficit democrático con el que convivimos desde que existe la Ley de Partidos Políticos: que la izquierda abertzale no tenga ninguna referencia política a la que votar».
La propia configuración de la Sala del 61, así denominada porque está regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, propicia que los cinco magistrados entrantes pasen a integrar su organigrama; y es que esta Sala Especial está formada, además de por el presidente del Supremo, Francisco Hernando, por los cinco presidentes de todas sus salas y por los magistrados más antiguos y más modernos de las mismas. En esta categoría se enclavarían las nuevas incorporaciones.
Legislación insuficiente
La manifiesta politización del CGPJ ha sido en los últimos meses uno de los principales caballos de batalla en el escenario político estatal. El flamante nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó el miércoles en su estreno parlamentario que este órgano, en su composición actual, está respaldado por la legalidad pero no por la legitimidad, al haber superado su mandato de cinco años.
Todo ello debido a lo que el diputado Emilio Olabarria define como «minoría de bloqueo» que viene ejerciendo el PP para mantener su control sobre el Consejo. Explica que «para renovar a los vocales del CGPJ hace falta una mayoría de 3/5, tanto en el Congreso como en el Senado. Para ello, el concurso del PP es imprescindible, por lo que si no participa de los consensos para la renovación del Consejo, evidentemente no se puede modificar su composición».
Esta es la situación que se viene produciendo desde hace meses, y que está propiciada por que «la Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé cómo desbloquear esto», afirma el jeltzale. «Es un error del legislador, que en su día no previó qué hacer cuando no se pueden conseguir los 3/5 necesarios para modificar los vocales del CGPJ», añade.
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