PROBLEMAS ENTRE hermanos ante el reparto de una herencia, conflictos en casa con un hijo en la "edad del pavo" o diferencias entre una pareja que acaba de romper y no sabe cómo repartirse la casa. Son algunos de los casos que estudiarán los servicios de mediación familiar que, con la nueva ley que prepara el Ejecutivo vasco, estarán a disposición de todos los vascos que lo requieran.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer, a propuesta del consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, el proyecto de Ley vasca de Mediación Familiar que busca reconocer como universal el derecho a «esta fórmula pacífica de resolver conflictos».
Entre sus objetivos, la nueva normativa fijará la «pronta» apertura de servicios públicos integrales de mediación en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, así como la coordinación entre los dos que ya están en marcha: el de Bilbao, dependiente del Gobierno vasco, y el de Gasteiz, de competencia municipal.
Asimismo, la ley que propone el Departamento de Madrazo pretende regular la profesionalización del personal que trabajará en estos servicios «para garantizar que la mediación familiar se realice con el máximo nivel de garantía y las mayores posibilidades de éxito».
Concretamente, el proyecto de ley aprobado ayer contempla unos mínimos de formación, así como una experiencia determinada y una titulación que deberán demostrar todas las personas que desean ejercer de mediadoras. Según explicó Javier Madrazo, al término de la reunión del Consejo, será obligatorio poseer una licenciatura o diplomatura enmarcada en el ámbito de las Ciencias Sociales y de la Educación, además de una preparación específica en mediación familiar. Por ello, la ley prevé un registro de personas mediadoras, formado por profesionales que acrediten las condiciones exigidas por ley.
La nueva ley también incluye la creación de un Consejo Asesor, en el que participarán las instituciones, los colegios profesionales, las universidades y los colectivos sociales relacionados con este ámbito. |
