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El concierto, a la intemperie
EL CONCIERTO ECONÓMICO vasco, uno de los pilares fundamentales del autogobierno de nuestro país, y con él las normas tributarias de nuestras diputaciones, seguirán a la intemperie, sometidos a los vaivenes, caprichos e intereses políticos y económicos de grupos y partidos con responsabilidades en las comunidades autónomas vecinas. No se trata de ninguna exageración. Ayer mismo, el secretario general de Confebask, José Guillermo Zubia, recordaba que en estos momentos existen más de 40 procedimientos judiciales contra normas fiscales vascas y aún pende la amenaza sobre el nuevo Impuesto de Sociedades. Todas las instituciones vascas y todos los partidos -incluidos la Diputación de Álava y el PP- estaban de acuerdo en la necesidad de defender por todos los medios posibles el Concierto Económico de cualquier ataque a su singularidad y a su eficacia.
EL PSOE Y EL PNV, en un ejercicio de responsabilidad, acordaron hace unos meses blindar estas normas a cambio del apoyo nacionalista a los Presupuestos del Estado, mediante la inclusión de los mecanismos oportunos en el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El lunes, sin embargo, el PSOE incumplió de forma flagrante este pacto y tumbó en el Congreso las enmiendas presentadas por el PNV para blindar el Concierto de futuros recursos ante los tribunales por parte de entidades con intereses espurios. Un ejercicio de deslealtad sin precedentes por parte de los socialistas, que vuelve a colocar la capacidad normativa vasca -y por tanto su capacidad de autogobierno- en la picota del rifirrafe político y al albur de decisiones de intereses ajenos. Los socialistas deberán explicar muy claramente cuál es su postura, porque ya no sirven los ejercicios de retórica. No se puede decir que se defiende el Concierto y luego no apoyar medidas que lo pongan a salvo de quienes no sólo no creen en él, sino que lo combaten abiertamente como instrumento «arcaico». Por mucho que algunos de esos elementos estén en el Gobierno español.
Las ayudas a inmigrantes
LA PERCEPCIÓN POPULAR sobre los inmigrantes y su relación de derechos posee los matices derivados del contacto cotidiano en la calle. La máxima de que todas las personas, sean nativas o no, son depositarias de exactamente los mismos derechos, está vigente en la sociedad, pero en determinados casos exclusivamente en un plano teórico. Esta mirada tuerta a la inmigración está en el origen de ciertas creencias que, con el tiempo, se han convertido en falsos axiomas. Así, es ya un lugar común la sentencia según la cual son los inmigrantes quienes se quedan con buena parte de los pisos de protección oficial. Otro aserto con gran aceptación les achaca el acaparamiento de las ayudas de emergencia social. Sin embargo, los datos reales muestran todo lo contrario. Solamente el 8,5% de los inmigrantes que viven en nuestra comunidad reciben ayudas de emergencia social. A pesar de ser, sin duda, el colectivo más necesitado, acceden aún con mucha dificultad a las ayudas a las que, en tanto que ciudadanos que viven y trabajan aquí, tienen derecho a recibir. Si alguna reivindicación cabe hacer, ésta pasaría por el incremento de la cuantía y del objeto de las ayudas, no por el origen geográfico de los perceptores. |
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