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Democracia secuestrada
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German Kortabarria
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"En un país en el que el debate político satura los medios, el debate no menos político sobre el modelo de sociedad está, paradójicamente, secuestrado: se abre y se cierra en petit comité"
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El Gobierno vasco está de los nervios; o, al menos, lo parece; si no, no se entiende la radicalidad y tono de sus reacciones ante la crítica. Veamos dos ejemplos recientes: las desabridas respuestas de la consejera de Transportes, Nuria López de Gereñu, a las críticas de ELA al proyecto de Tren de Alta Velocidad (TAV), y de la consejera de Cultura y portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, a las críticas a la intervención de la Ertzaintza frente a una manifestación por los presos. Vayamos por partes.
¿Qué ha dicho ELA sobre el proyecto de TAV o "Y" vasca? Que es un proyecto definido y decidido por Madrid, que se nos ha escamoteado información y debate social, que no da respuesta a las necesidades de transporte de mercancías y personas, que se limita a la conexión de las capitales, que no forma parte de un diseño integral de transporte, que tiene enormes impactos medioambientales y que conlleva un gran coste económico; ELA ha pedido transparencia y debate: que sea la ciudadanía la que, conociendo pros y contras, ventajas y problemas, decida si prefiere el TAV o un modelo de comunicación ferroviaria más social. Nada, por otra parte, que nuestro sindicato no viniera diciendo desde hace años.
¿Cómo ha respondido la consejera de Transportes? Ha asegurado que se ha debatido «hasta la extenuación»-aunque sin precisar cuándo, dónde ni con quién- y que el TAV tiene vocación «social»"; aparte de eso, descalificaciones sobre «la actual dirección» de ELA, que desprecia los marcos democráticos, está alejada de la realidad social, es radical y anacrónica... y ningún argumento, ninguna respuesta a las críticas.
¿Qué dijo ELA sobre la actuación de la Ertzaintza ante la manifestación del 24 de febrero, en Bilbao? Que el Gobierno vasco no puede utilizar a la Ertzaintza como mero apéndice de la Audiencia Nacional, sin criterio propio, y que, ni la orden de disolver por la fuerza a manifestantes pacíficos, ni la dureza con la que aquella orden se aplicó, estuvieron justificadas.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno, a través de su portavoz, Miren Azkarate?
Respondiendo que las decisiones de la Audiencia Nacional hay que cumplirlas, y punto -aunque obviando que hay formas y formas de hacer las cosas-, e instando a ELA a «explicar» sus declaraciones ante sus afiliados en la Ertzaintza. Por lo demás, ningún atisbo de cuestionamiento de nada: ni de los criterios políticos y profesionales utilizados, ni de la orden de disolver a los reunidos, ni del "exceso de celo" de algunos agentes.
Como se ve, las reacciones de ambas responsables políticas se caracterizan por rechazar, de plano, cualquier crítica-el Gobierno todo lo hace bien-, despreciar las alternativas -sólo hay una forma de hacer las cosas, la nuestra- y meterse con los discrepantes.
Quien formula una crítica pública se está sometiendo, a su vez, a la crítica; ELA deberá admitir, por tanto, que su valoración sobre el proyecto de "Y" vasca sea discutida, rebatida o matizada; o que su nota sobre la manifestación del 24 no tuviera en cuenta todos los factores que concurrían. La negación del debate y la descalificación del discrepante configuran, en cambio, una forma de reacción perversa que, desgraciadamente, está tomando carta de naturaleza. Es el mismo tipo de reacción que nuestros mandatarios han tenido, por ejemplo, cuando se ha criticado su reforma fiscal.
En un país en el que el debate "político" satura los medios, el debate, no menos político, sobre el modelo de sociedad (fiscalidad, seguridad, infraestructuras..., por referirnos a cuestiones que acabamos de mencionar) está, paradójicamente, secuestrado: se abre y se cierra en petit comité, con intervención o influencia de intereses económicos, y al abrigo de las miradas indiscretas de la ciudadanía y las organizaciones sociales; sólo cuando el plato está cocinado, se lleva a las instituciones representativas para que le den el visto bueno democrático. Esta legitimación institucional es la que les sirve a los gobernantes para negar el debate social y acusar de antidemocráticos a quienes, excluidos del proceso, reclaman explicaciones y cuentas claras.
Lo tienen muy bien montado, y hay muchos intereses en juego para que acepten que nadie cuestione lo que tienen decidido hacer; por eso reaccionan con tanta dureza.
A quienes propugnamos un modelo de sociedad distinto no nos queda otra opción que la de no aceptar el secuestro del debate y plantear un debate alternativo, desenmascarar los intereses particulares que se embozan tras las declaraciones de intereses generales, y poner en pie de respuesta a la gente. Es un empeño arduo, un proyecto de largo alcance y larga tarea, imprescindible para construir una sociedad mas justa y una democracia más real.
German Kortabarria Igartua, secretario general adjunto de ELA. |
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