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Los usuarios de telefonía móvil prepago dejarán de ser anónimos. Javier García |
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Las tarjetas de móvil prepago, la mitad de las líneas existentes, dejarán de ser anónimas
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Las operadores telefónicas creen que la medida les puede costar 20 millones
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Agencias Bilbao
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CMT En su último informe anual contabilizaba 20,7 millones de líneas
DatosLas operadoras tendrán que guardarlos 12 meses
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LAS TARJETAS prepago de los teléfonos móviles dejarán de ser anónimas y la policía podrá conocer la identidad de su titular para una investigación, detección o enjuiciamiento de delitos, según el Proyecto de Ley de Conservación de Datos en comunicaciones electrónicas aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
La norma exige a las operadoras que abran un libro de registro que recoja la identidad de los compradores de esas tarjetas prepago.
En la actualidad, según datos de la CMT a 1 de enero de 2006, había 20,7 millones de líneas de prepago frente a unas 22 millones de contrato, lo que supone que representan casi la mitad de todas las líneas que tienen los diferentes operadores, Telefónica Movistar, Vodafone, Orange, Euskaltel pese al esfuerzo realizado en los últimos tiempos por las compañías para fidelizar a sus clientes mediante contratos. De hecho, la compañía líder,Telefónica Movistar, ya ha conseguido que el 60% de sus líneas sean de contrato.
En cualquier caso, la importancia del prepago siegue siendo notable pues a falta de datos de 2006, la CMT señalaba que las tarjetas prepago aportaban el 20% del total de minutos de tráfico y unos 2.000 millones de euros de ingresos anuales para las operadoras.
El sector de telefonía móvil que, según datos oficiales de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en su último informe anual, ingresa más de 12.000 millones de euros anuales, considera que las medidas de control anunciadas por el Gobierno les puede costar unos 20 millones de euros.
Guardar los datos
La norma afecta también a la cesión de datos de las comunicaciones electrónicas a las Fuerzas de Seguridad, ya que establece la obligación para los operadores de estos servicios de conservar todos los datos que permitan rastrear el destino y el origen de una comunicación, así como la identidad de todas las personas implicadas en ellas. Esa exigencia no afectará nunca al contenido de la comunicación y requerirá siempre una autorización judicial.
El Gobierno español considera que con estas medidas se refuerzan considerablemente los instrumentos disponibles para el ejercicio de las funciones de seguridad pública de los cuerpos policiales competentes, que podrán acceder a unos datos que en la actualidad no siempre están disponibles, lo cual dificulta la averiguación de los delitos.
Según la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, es esencial que la Policía, y de forma especial la Policía Judicial y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tengan acceso a la información que circula por internet o por las líneas telefónicas, fijas o móviles, dado que «las redes de delincuencia organizada suelen reclutar especialistas de nivel en el manejo de estos medios electrónicos».
Según el Gobierno español, las operadoras de telecomunicaciones «han de realizar las adaptaciones precisas para el cumplimiento de sus obligaciones de conservación y cesión de datos, en un plazo de tres meses, desde que se apruebe el procedimiento técnico para la remisión de datos».
Cuando el anteproyecto de ley sobre esta materia se dio a conocer, en septiembre pasado, las compañías telefónicas afirmaron que no hay complicaciones técnicas para cumplir con la ley, pero advirtieron que deberán gastar unos veinte millones de euros más para llevar a efecto lo que establece la normativa. |
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