Afectación 5.000 industrias, treinta mil empresas de transporte, mil de minería y un millón de agrarias
Sanciones Habrá multas de hasta dos millones de euros y/o cese de actividad
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El proyecto de ley de responsabilidad ambiental, aprobado ayer por el Gobierno, obligará a las empresas españolas y extranjeras que operan en el Estado a pagar y reparar todos los daños causados, con independencia de si hubo «culpa o no», según la ministra Cristina Narbona.
La ministra de Medio Ambiente dijo que la nueva ley hará efectivo el principio de «quien contamina repara», que va más allá de «quien contamina paga», y que pondrá énfasis en la restauración total de los recursos naturales. En consecuencia no será suficiente con una mera indemnización dineraria.
La aplicación de la ley, informó, afectará a 5.000 empresas industriales, a más de un millón explotaciones agrarias, a 30.000 empresas de transporte y a más de mil empresas mineras.
Según Narbona se trata de una ley de responsabilidad «objetiva», es decir, la responsabilidad no dependerá «de si ha habido culpa o no»: se obliga a reparar los daños ocasionados aún cuando no haya comisión de infracción administrativa y se actúe de modo respetuoso con la normativa medioambiental. Para asegurar que las empresas disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a su responsabilidad, se les exigirá que cuenten con una garantía financiera, que se introducirá de forma gradual a partir del 2010.
Carácter ilimitado
Otro aspecto novedoso de la ley es el carácter ilimitado de la responsabilidad medioambiental: obliga a reparar en su integridad y con independencia de cuál sea la cuantía económica a la que ascienda dicha reparación. En el capítulo de sanciones se imponen multas de hasta dos millones de euros y/o suspensión de actividad.
Narbona recordó que hasta ahora «ha prevalecido la desidia y la tolerancia excesiva hacia los delitos ambientales» y «el principio de quien contamina paga se ha convertido en la práctica de que todos pagamos por culpa de los que contaminen» por lo que la nueva ley se hace necesaria. La ley, que traspone la directiva europea cuya entrada en vigor se producirá el 30 de abril de 2007, también persigue reforzar el principio de «prevención» para evitar que las agresiones ambientales se produzcan. |
