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El presidente de Enel, Piero Gnudi, y el consejero delegado, Fulvio Conti, ayer en Londres. Efe |
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Los jueces decidirán sobre la pugna entre el Gobierno español y la CE por Endesa
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Bruselas ha decidido llevar el caso de E.ON al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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Agencias Bilbao
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La disputa entre la Comisión Europea y el Gobierno español por las condiciones que Madrid impuso a la opa de E.ON sobre Endesa cerró ayer su primer capítulo, con la decisión del Ejecutivo comunitario de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
La decisión de llevar a los tribunales los "obstáculos" a la oferta de la compañía alemana ha coincidido con la aprobación por parte del presidente de la CNMV, Manuel Conthe, de la mejora de la opa sobre Endesa presentada por E.ON, que el pasado lunes elevó el precio por la eléctrica hasta 40 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 42.350 millones de euros. La CNMV considerará que los accionistas de Endesa que ya optaron por acudir al anterior precio se adhieren a la oferta revisada, «salvo que declaren lo contrario de forma expresa al depositario de sus acciones», informó ayer el supervisor bursátil.
Tal como estaba previsto, el plazo de aceptación de oferta, que concluía hoy, jueves, se amplía hasta el próximo 3 de abril en el Estado español y hasta el día 6 en Estados Unidos, según el calendario orientativo difundido por el supervisor de los mercados.
Cuestión de competencias
Bruselas anunció ayer su decisión de denunciar a España ante la corte europea por no retirar, tal y como le había solicitado, varios de los requisitos para autorizar la opa del grupo alemán. El ejecutivo de la UE considera que, al fijar condiciones a la oferta de E.ON, las autoridades españolas violaron el artículo 21 del Reglamento europeo de concentraciones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las operaciones de dimensión comunitaria.
Según la Comisión, varias de las medidas establecidas primero por la Comisión Nacional de la Energía y posteriormente modificadas por el Ministerio de Industria son incompatibles con la legislación comunitaria. A juicio del ejecutivo comunitario, estas medidas infringen los principios de libertad de establecimiento y de libre movimiento de capitales y algunas incluso el de libre circulación de bienes.
Al Gobierno español, sin embargo, no le preocupa tener que enfrentarse con la Comisión ante la Justicia europea, pues considera que sus diferencias son de tipo jurídico, por lo que ese es el mejor foro para dirimirlas.
La Comisión Europea está, por su parte, convencida de la solidez de sus argumentos legales contra España y ayer recalcó su determinación de impulsar «una UE basada en el respeto a la ley». En cualquier caso, sea cual sea el resultado de esta disputa no tendrá mucho efecto en la batalla que en estos momentos libran E.ON, por un lado, y Enel y Acciona, por otro, por hacerse con el control de la eléctrica española. |
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