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29-03-2007
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Zapatero, ayer en el Congreso. Efe
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El PP acusa a Pumpido de ser «el máximo defensor de Otegi» y Zapatero defiende su «honestidad»
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El presidente defendió al fiscal general frente a las acusaciones de Zaplana en el Congreso
José Luis B. Benayas Madrid
La ofensiva del PP contra la política antiterrorista del Gobierno español continuó ayer en el Congreso de los Diputados, y esta vez tuvo como protagonista al fiscal general del Estado, tras la decisión del ministerio público de retirar la pasada semana la acusación contra Arnaldo Otegi por el homenaje a la etarra Olaia Castresana. Comenzó Mariano Rajoy acusando a José Luis Rodríguez Zapatero de «no defender el interés general, sino el de Otegi», y remató Eduardo Zaplana, señalando que el fiscal «es más propio de Falange».

El clima fue tan bronco que incluso el presidente de la Cámara, Manuel Marín, tuvo que advertir que si el vocerío de la bancada "popular" continuaba, la sesión se suspendería. La sangre no llegó al río, sin embargo. Mariano Rajoy comenzó describiendo el periplo judicial del caso de Otegi desde que el TSJPV condenara al dirigente abertzale a 15 meses de prisión hasta que el miércoles pasado, y «por sorpresa», el fiscal retirara la acusación contra él después de que se le fuera a buscar a Euskadi «en un avión pagado por el contribuyente español».

«¿Por qué pidió el retraso del juicio? ¿Por qué le interrogó de esa forma? ¿Por qué retiró la acusación?», bramó, imputando además toda la responsabilidad a José Luis Rodríguez Zapatero por las relaciones entre Gobierno y Ministerio Fiscal que la Constitución recoge.

Zaplana fue aún más duro. Describió lo que él mismo calificó como «calendario de la infamia», citando decisiones polémicas del fiscal cada mes: el caso Otegi, su actitud respecto a Iñaki de Juana, la reducción de petición de penas en el juicio del 18/98, y así hasta más de una decena de actuaciones por las que el PP ha protestado. Eso muestra, según el portavoz, que el ministerio fiscal ha actuado como el «máximo defensor» de Batasuna.

El Gobierno español, por su parte, realizó una enfervorizada defensa de la labor de Conde-Pumpido, quien actúa «conforme a la ley», con «independencia» y con «honestidad». Rodríguez Zapatero repitió en dos ocasiones que es «falso y mentira» que el Ejecutivo haya dado instrucción alguna al fiscal, y manifestó que no entendía las dudas del PP en ese sentido a no ser que en su Gobierno pasaran cosas distintas».
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