«Medite, se lo ruego, más allá de su postura ética y del amor que dice tener a la Policía»
Javier Gómez Bermúdez
Presidente del Tribunal
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El tribunal que juzga el 11-M impuso ayer una multa de 1.000 euros y ordenó deducir testimonio contra el ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera, por un delito de desobediencia grave a la autoridad por negarse a dar el nombre de la persona que le informó de la existencia de un documento secreto que recogía las supuestas vinculaciones entre ETA y el 11-M.
Los magistrados adoptaron esta decisión después de que el que fuera director general de la Policía en el momento de los atentados del 11-M se negara a dar el nombre de esa persona argumentando que no podía revelar sus datos porque es una «fuente policial acreditada y honesta» del Cuerpo Nacional de Policía y que prefería que la responsabilidad recayera sobre él.
El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, le rogó en varias ocasiones que meditara «tranquilamente» la consecuencia de su negativa no sólo por su condición de aforado al ser eurodiputado, sino por el problema que supone las situación en la que queda este proceso y le dijo: «medite, se lo ruego, más allá de su postura ética y del amor que dice tener a la Policía».
Díaz de Mera insiste
Pese a ello, Díaz de Mera persistió en su negativa y emplazó a su fuente, de la que dijo que estaba «absolutamente persuadido» de que estaba escuchándole, igual que otros policiales, para que «si ellos quieren dar el paso adelante, que sean ellos». Manifestó sus dudas entre si había «colisión entre la ley y la moralidad de un sujeto», aunque finalmente dijo: «prefiero que la responsabilidad caiga sobre mí a que caiga sobre la fuente que me facilitó esa información».
Gómez Bermúdez insistió en que lo consultara telefónicamente con su fuente, a lo que el testigo señaló que «ni siquiera» sabía si esa persona tenía el teléfono intervenido y recalcó que «es una situación complicada pero aceptaré cualquier decisión».
Tras ello, el tribunal ordenó deducir testimonio contra el testigo en virtud del articulo 716 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoge el delito de desobediencia grave a la autoridad, penado con multa de 200 a 5.000 euros y en el caso de que el testigo persista en su negativa con hasta un año prisión.
Dada la condición de europarlamentario de Díaz de Mera, la sala comunicará lo ocurrido al Tribunal Supremo, que será el que decida si pide el suplicatorio al Parlamento Europeo, que es el órgano que tiene que autorizar o no la continuación del procedimiento contra el ex director general. |
