El sindicato mayoritario en Babcock, UGT, exigió ayer a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que garantice el futuro de Babcock y sus puestos de trabajo. En un comunicado, la sección sindical de la central en la empresa de bienes de equipo en Galindo recriminó al grupo público su «irresponsabilidad manifiesta» y aseguró que con la decisión de romper la mediación entre la dirección y los trabajadores sobre el plan industrial, la compañía corre el riesgo de llegar a una «situación irreversible».
El nuevo escenario ha dejado a la plantilla en una situación «preocupante», según UGT, que cuenta con seis de los 17 vocales del comité de empresa. Por ello, transmitió su «profundo rechazo y malestar» por la postura adoptada por el grupo presidido por Enrique Martínez Robles, a quien acusa de liderar una actuación «impropia de una institución como la Sepi».
El plazo de control público sobre la gestión y las propiedades de la Sepi expiró el 30 de enero. Una vez agotado el compromiso de vigilancia estatal sobre la antigua empresa pública, los propietarios de la firma, la multinacional austriaca A-Tec, proclamaron su derecho a actuar como una empresa privada a todos los efectos.
A esta declaración replicaron los sindicatos recordando a A-Tec que ha «incumplido» el plan industrial «sistemáticamente». Y otras voces, como la del senador jeltzale Javier Maqueda, cuestionaban esta semana que la tutela pública finalizara este año y no en 2008.
El sindicato UGT avisó a la Sepi de que no puede desentenderse de su papel de garante en Babcock, puesto que en el proceso de «reventa» en el que la compañía fue adjudicada a A-Tec ha dado pie «a un estado de permanente incertidumbre y conflicto».
Hasta finales de febrero, varios proveedores cortaron sus suministros por impago de facturas y buena parte de los últimos contratos adjudicados a la planta arrojaban pérdidas, dos ejemplos de la «situación irreversible» que el sindicato pronostica en sus análisis.
Dueños «incapaces»
UGT no está de acuerdo con que la falta de acuerdo con los sindicatos sea un motivo legítimo para que la Sepi interrumpa su mediación. A su juicio, las discrepancias han surgido por la «incapacidad» de los dueños, cuyo planteamiento empresarial es «confuso e insuficiente».
En cuanto a la retirada de los 80 despidos planteados por la dirección y su sustitución por un programa de recolocaciones internas -una «fórmula mágica», según describió irónicamente-, UGT lamentó que se trate de una solución «sin gastarse un duro». Además, anunció que no colaborará con la medida porque «corresponde a la empresa gestionar sus recursos». |