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El Gobierno vasco quiere proteger a los menores con una Defensoría y un teléfono de atención
Junto con la creación de un Observatorio están incluidas en la Ley de protección de la Infancia
Efe Gasteiz
El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco está elaborando ya el borrador del decreto para la creación de la Defensoría del menor, dentro del desarrollo normativo de la Ley de protección a la Infancia y la Adolescencia. La parlamentaria vasca de Ezker Batua, Kontxi Bilbao, anunció este trabajo del Gobierno durante el debate en el Parlamento de una iniciativa del PP para la elaboración de un plan de protección a menores víctimas de situaciones de violencia de género.

El Departamento que dirige Javier Madrazo ya ha remitido a la Dirección de Función Pública y a la Oficina para la modernización de la Administración un borrador de dicho decreto, que luego tendrá que pasar por la oficina de control económico antes de llegar a Consejo.

Además de la creación de esta Defensoría, el Gobierno vasco también está desarrollando los pasos previos a la creación de un Observatorio de la infancia y la adolescencia.

La tercera actuación que adelantó Bilbao en materia de protección de los derechos de los menores es la puesta en marcha este mismo año de un teléfono de atención de aquellos niños y jóvenes en situación de riesgo o de desamparo.

Así, el Parlamento vasco aprobó por unanimidad una resolución en la que insta al Gobierno a incluir en la planificación y coordinación general de las actuaciones en el ámbito de la infancia «la protección y promoción de los derechos de los menores que han sufrido algún tipo de agresión dentro del ámbito de la violencia contra las mujeres, desde una perspectiva normalizadora e integradora». La Cámara instó al Ejecutivo a «seguir desarrollo» las leyes de la Igualdad y de Protección a la infancia y la adolescencia, mostrando una especial sensibilidad ante las situaciones de los menores que sufren las consecuencias tanto de la violencia de género, como de la violencia intrafamiliar, requiriendo por ello una protección y atención individualizada».

La iniciativa original de la que surgió la enmienda transaccional aprobada fue defendida por Aran-tza Quiroga quien destacó la relevancia del problema de los menores que son «víctimas directas de la violencia doméstica», por haber sido el objeto directo o por haberla sufrido en la persona de su madre.

Quiroga aseguró que en el Estado español a lo largo de 2005 como consecuencia de la violencia doméstica murieron 65 mujeres y 61 menores.

Además de las muertes, la violencia doméstica genera en los menores numerosos problemas en su socialización, escolares, de afectividad y de conducta, por lo que se debe actuar, pero de una forma «paralela» a las medidas que se adopten con sus madres si son éstas las víctimas directas. Las portavoces de todos los grupos coincidieron en destacar la importancia de que las administraciones afronten los problemas de los menores víctimas de malos tratos de manera integral y coordinada con las actuaciones dirigidas a las mujeres.
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