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El humo y el fuego
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"ERC mantuvo su petición de convocar referéndum sobre la independencia, sabiendo que se quedaría sin apoyo; CiU retiró su propuesta autodeterminista porque vio que sería rechazada"
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Robert Pastor
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Oleguer Presas, el jugador del Barça conocido por sus opiniones radicales calificaba a los líderes d’Esquerra Republicana como "vendedores de humo" después de su iniciativa por la autodeterminación. Unos días antes Lluís Llach se despedía llamando mediocres a los políticos catalanes de todo el espectro nacional. Y, sin embargo, por debajo del humo se empiezan a entrever las llamas de un fuego creciente, hasta cierto punto insólito, de reivindicación generalizada.
Porque no deja de ser inédita la protesta organizada de la gran patronal, los teóricos de las escuelas de dirección de empresas como Iese y Esade y hasta cien organizaciones del mundo económico y social movilizados conjuntamente en defensa de un aeropuerto del Prat dirigido desde el territorio y de ámbito intercontinental y presentando su reclamación al president en persona.
Un titular de la Generalitat que ha quedado en evidencia por facilitar el "apagón" de las imágenes de TV3 y el resto de los canales públicos del Principat en el País Valenciano. El propio Montilla, cuando todavía era ministro de Industria, convenció a los voluntarios del sur, que habían construido y mantenido los repetidores que permitían el acceso a la programación para que cediesen su frecuencia a La Sexta con la promesa de facilitar la difusión, libre de amenazas y del conjunto de canales (también el 33, el K3, el 3-24 de noticias permanentes...) a través de la TDT. Los dirigentes del PP que dominan las administraciones valencianas han encontrado la oportunidad, desde sus competencias, para eliminar la "catalanización" de "sus" ondas, precisamente en la precampaña electoral. Y ahora, todos a correr. A la protesta, y a unas negociaciones con la otra Generalitat, o entre cadenas autonómicas, de resultado incierto, muy probablemente nulo a corto plazo.
Y a todo esto se venía a sumar el ofrecimiento, por boca de Xavier Vendrell (número tres del partido, el mismo que exigió contribuciones a la formación de los funcionarios del gobierno afiliados o afines) de facilitar la presidencia del Govern al convergente Artur Mas si apoya un referéndum de autodeterminación en caso de que el Constitucional español acabe de liquidar lo que queda de Estatut.
Eso supone situarse al margen de la legalidad constitucional, que CiU, pese a la incredulidad y descalificación iniciales de Duran i Lleida, aceptó negociar en el marco del Parlament. La moción finalmente presentada por los republicanos al legislativo nos devolvió a la memoria el preámbulo del Pacto Antiterrorista o las exposiciones de motivos de tantas mociones de Herri Batasuna, allá por los ochenta, en ayuntamientos como el de Donostia, donde precedían una propuesta perfectamente asumible desde el nacionalismo vasco con una descalificación frontal al PNV, entonces mayoritario, y se negaban en redondo a retirar el preámbulo, forzando que no se aprobase, para manipular después el resultado contra la fuerza mayoritaria.
Esquerra encabezaba su texto con la acusación a CiU de haber descafeinado el Estatut consensuado en su pacto directo con Rodríguez Zapatero. Como decía un contertulio radiofónico: invitaba a la mesa con un insulto, que era tanto como asegurarse el rechazo a ser aceptada y, probablemente, poder utilizarla como descalificación del soberanismo del adversario directo en el ámbito nacional.
La iniciativa se producía cuando el republicano ex alcalde de Puigcerdà y ex consejero de Maragall, Joan Carretero, había criticado frontalmente la renuncia al independentismo de su partido, a favor de la izquierda predominantemente españolista, y en pocos días reunía 600 adhesiones de militantes a favor de sus tesis.
Paralelamente, el Govern se "blindaba" con el anuncio de una votación conjunta de los tres socios en el debate sobre la defensa del Estatut que había promovido el propio Mas. Y los analistas coincidían en el pronóstico: ERC retiraría su moción si veía que iba a prosperar, mientras CiU haría lo propio con su texto alternativo, en caso de ratificar el derecho de autodeterminación dos veces reiterado por el mismo Parlament, si atisbaba el menor riesgo de que fuese rechazado, por razones obvias.
Eran habas contadas, y la segunda y definitiva jornada del debate no sirvió más que para constatarlo. Decía el portavoz de CiU, Felip Puig, que durante la noche del miércoles ERC estuvo muy cerca del consenso. Puede que tanto como de formar un gobierno nacionalista, en lugar del actual de izquierdas. En todo caso, mantuvo en solitario su petición de convocatoria de referéndum sobre la independencia, sabiendo que se quedaría sin apoyo alguno, y los vecinos de parcela retiraron la propuesta de ratificar el derecho de autodeterminación por tercera vez, porque comprobaron que sería, por primera vez, rechazada. Un espectáculo esperpéntico, una pérdida de tiempo y algo tan absurdo que ni siquiera ha levantado los truenos y rayos del españolismo.
Como contrapartida, excepto el PP por pura coherencia, hubo unidad en manifestar la disposición a defender el texto del Estatut, según el informe jurídico de las instituciones propias -nada que ver con el que presentó el abogado del Estado-, y unanimidad absoluta en reclamar el traspaso de los trenes de cercanías y regionales, con la dotación económica suficiente para no abrir un socavón económico del tamaño del que se produjo en el barrio del Carmel. Al menos en lo concreto, algo de fuego oficial se vislumbra. Y es que a la hora de las cuentas, hasta el mismísimo Ian Paisley ha exigido suficiente dotación económica de Londres para que funcione el nuevo gobierno que ha pactado con el Sinn Féin. |
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