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Libertad de expresión y de decisión
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"La sociedad vasca tiene derecho a pensar libremente y a decidir sobre su futuro, superando los obstáculos y las limitaciones que se le imponen desde factores de coacción distintos"
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Fco. Javier Meabe
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El proceso de pacificación que habría de traer al Pueblo Vasco la paz, por el cese de la violencia de ETA y de la normalización jurídico-política lograda mediante la elaboración de un nuevo marco de relación con el Estado español, se quebró con el desgraciado atentado de Barajas, del 30 de diciembre de 2006. Sus consecuencias inmediatas fueron la ruptura de toda forma de relación entre el Gobierno español y ETA, de una parte, y la supresión de las relaciones entre los partidos políticos, ya iniciadas con el fin de hallar los acuerdos necesarios para la normalización, por la otra.
Ante esta realidad, la reacción más generalizada y sensata, que con el tiempo ha venido consolidándose, parece haber sido que, a pesar de haber caído por tierra todas las expectativas puestas en el proceso de pacificación, es impensable aceptar que las cosas deban volver a empezar de cero, como si todo el tiempo transcurrido desde el alto el fuego de ETA, no hubiera existido. No creo que pueda caber en la cabeza de nadie, que las cosas hayan de volver a ser lo que fueron antes, con una violencia reactivada y con la renuncia, una vez más, a trabajar en paz por una situación jurídico-política que responda, a las justas exigencias y deseos del Pueblo Vasco. Pensar lo contrario es reafirmarse en un patético fanatismo difícil de ser entendido.
Desde el punto de vista del logro de la paz, tras el "sin sentido" de Barajas, en el clima necesario de la no violencia de ETA, no parece que haya de excluirse, tampoco ahora, la garantía de esa no violencia como exigencia suficiente. Algo quieren decir las palabras del presidente español, cuando afirma que el hecho de no tener "conversaciones" con ETA no significa que no se quiera conocer "cuál es la temperatura" y lo que se siente en torno a ella, en relación con el tema de la renuncia a la violencia.
Siendo ello así y respetando los ritmos y las garantías que han de asegurar un proceso de esa naturaleza, cabe preguntarse qué es lo que en estos momentos hay que hacer, en relación con la otra dimensión del proceso integral de la pacificación, al que se ha venido llamando "normalización". Hay que recordar que una y otra vez, y por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos y de los grupos políticos y sociales, incluso últimamente también por Batasuna, se repite que la normalización política no debe ser el fruto de un precio político que ha de pagarse a ETA para alcanzarla. Esto significa que esa normalización, por la vía de un acuerdo mayoritariamente consensuado por la población vasca, no debe ser condicionada por las amenazas, exigencias o tutelas de ETA. De lo contrario no sería fácil de entender que no se tratara de un precio a pagar a ETA y a todos los que han estado luchando con ella. No debe olvidarse la pregunta que muchos de éstos se hacen: ¿Para esto ha merecido luchar y sufrir durante tantos años? Pero condescender a un planteamiento así, significaría que la aceptación de las vías políticas para resolver los problemas políticos no era auténtica. Lo que equivaldría a seguir admitiendo la necesidad de pagar un precio político.
Cabe plantearse también la pregunta en estos términos: ¿No ha llegado la hora de que, al margen de los ritmos que pretenda marcar ETA, la sociedad vasca pueda decir en libertad, como fruto de un acuerdo mayoritariamente consensuado, qué es lo que ella quiere para vivir en paz, en lo que a sus relaciones políticas con el Estado español se refiere? Lo que exigiría garantizar el derecho de libre expresión, en un clima de libertad, de todas las personas y grupos políticos puestos en cuestión por la existencia y aplicación de la vigente Ley de Partidos Políticos.
La sociedad vasca tiene derecho a pensar libremente y a decidir sobre su futuro, superando los obstáculos y las limitaciones que se le pretendan imponer desde factores de coacción distintos de ella misma, sin las limitaciones impuestas por los simplismos formales de "Autodeterminación sí o no", "Constitución sí o no", "Territorialidad así o de otra manera". Nadie tiene el derecho a reducir los planteamientos políticos que los vascos pretendemos hacer, a los límites estrechos definidos por estas alternativas. Se deben poder hacer otras preguntas distintas. La verdadera libertad política así lo exige. Como exige también el derecho a decidir lo que ella, en y para sí misma, entiende ser lo mejor. Lo que no debe impedir que quienes puedan creer tener legítimos derechos para plantear y resolver el problema político de otra manera, puedan también hacerlo.
Todos los individuos y, con ellos, todos los pueblos tienen el derecho a ser libres para pensar y decidir sobre lo que juzguen ser lo mejor para ellos mismos. Y esto en el orden interno, así como también en la afirmación de los vínculos de la solidaridad necesaria entre los pueblos y los Estados. Estos vínculos deben estar definidos por las adecuadas fórmulas políticas, alcanzadas y apoyadas por vías estrictamente políticas. No hay ninguna razón, ni histórica ni de otra naturaleza, que obligue a pensar que los vascos, carezcamos de la prudencia, madurez y sensatez políticas necesarias para respetar los valores democráticos de los demás, en el ejercicio leal de la libertad. Algo que reivindicamos para ellos y para todos, lo hacemos también para nosotros mismos.
Francisco Javier Meabe es miembro de Justicia y Paz |
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