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Un grupo de inmigrantes intenta regularizar sus papeles en las oficinas de la Seguridad Social en Bilbao. O. M. |
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Denuncian que la Subdelegación del Gobierno español se niega a documentar a inmigrantes legales
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El Consejo Vasco de la Abogacía asegura que no cumple resoluciones judiciales que lo exigen
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U. Muñoz Bilbao
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El Consejo Vasco de la Abogacía denunció ayer mediante un comunicado que, desde hace más de un año, la subdelegación del Gobierno español en Bizkaia se está oponiendo «de manera sistemática» a otorgar autorizaciones de residencia y trabajo con carácter provisional, a ciudadanos extranjeros, «a pesar de existir diversas resoluciones judiciales» dictadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo del territorio.
Tras conocer la denuncia, representantes de la subdelegación española en Bizkaia se pusieron en contacto con este periódico para resaltar que «no existe formalmente en la ley» la posibilidad de otorgar una autorización provisional. «No entendemos este pronunciamiento, ya que estamos cumpliendo los deberes», señalaron.
Según el Consejo Vasco de la Abogacía, se trata de una práctica «incomprensible» por parte de la administración española. Esta problemática «afecta a un número indeterminado de ciudadanos extracomunitarios» que intentaron acogerse al proceso de normalización de 2005, y que tras ser denegadas inicialmente sus solicitudes, interpusieron un recurso ante órganos jurisdiccionales de Bilbao, «en los que han obtenido sentencias favorables en primera instancia».
Ante esta situación, el Consejo Vasco de la Abogacía anunció en la nota que va a presentar una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo junto con la exigencia de la imposición de sanciones económicas dictadas por los jueces. Asimismo, elevará un informe ante el ministerio español del Interior para denunciar «esta posición de desobediencia y desacato al mandato judicial imperativo». A este respecto, desde la subdelegación del Gobierno español en Bizkaia subrayaron que dependen del ministerio de Administraciones Públicas.
Por último, este organismo destacó que se trata de una actuación que afecta «exclusivamente» al territorio vizcaino, ya que ni en Araba ni en Gipuzkoa, el Consejo Vasco de la Abogacía ha constatado algún rechazo a la ejecución provisional de sentencias idénticas dictadas por los órganos judiciales en aquellos herrialdes.
«Absurdo e inhumano»
SOS Racismo, por su parte, aseguró mediante un comunicado, que apoya la exigencia para que «inmediatamente» se concedan las autorizaciones en cumplimiento «de los poquísimos derechos» que tienen los inmigrantes. Asimismo, esta ONG resaltó lo «absurdo e inhumano» de la Ley de Extranjería, que lleva a que «miles de personas» en Bizkaia se encuentren en situación irregular. |
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