La violencia provocada por las protestas en el sur de Bolivia aumentó ayer con saqueos a una planta de gas que surte a Argentina y nuevos choques con el Ejército, mientras que el gobierno, coordinado pidió que prime el diálogo para solucionar el conflicto. Las protestas derivadas de la disputa entre dos provincias del departamento de Tarija por el control de un pozo de gas, gestionado por la hispano-argentina Repsol YPF, se desbordaron y la muchedumbre desarmó y mantiene retenidos a 40 policías en una sede municipal. Una fuente de la empresa Transredes, filial de la Shell y la británica Ashmore, confirmó que los manifestantes ocuparon la estación Pocitos, cerca de la frontera con Argentina, robaron ordenadores y cortaron las comunicaciones. Los empleados de la estación tuvieron que abandonar sus instalaciones en medio del incidente y a raíz de ello no hay informes más detallados sobre la situación en que se encuentra la planta. Por esa razón tampoco se pudo confirmar si los manifestantes lograron detener el envío de gas a Argentina, objetivo que perseguían desde el martes para presionar al Ejecutivo a una solución definitiva del conflicto de límites entre las provincias vecinas Gran Chaco y O'Connor.
La causa de los choques es la propiedad sobre ese rico yacimiento de gas, porque la provincia ganadora obtendrá beneficios derivados de los recursos que genere la exportación del hidrocarburo. La violencia lleva causada una muerte y 20 heridos, algunos de bala, durante los enfrentamientos producidos el martes en Villamontes y ayer en Yacuiba, donde una persona permanece grave por un disparo en el tórax.
El portavoz presidencial, Alex Contreras, dijo, tras la reunión del gabinete de Morales, que "se está elaborando una estrategia junto al alto mando militar" para que ese campo no sea ocupado, además confirmó que "robaron" 400 bombonas de gas y que incendiaron dos vehículos en sus inmediaciones.
Una patrulla de 40 policías fue abordada por centenares de personas cuando transitaba por la zona. Los manifestantes arrebataron las armas a los policías, entre ellos al coronel Jaime Reyes, comandante provincial de Gran Chaco, y piden que los agentes dejen de sofocar las protestas
