Madrid. La ministra española de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, presentó ayer el "Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de Género" en el Sistema Nacional de Salud, que va a implantarse este año y que proporcionará a los profesionales sanitarios pautas de actuación homogéneas para la prevención diagnóstico temprano, atención y seguimiento de los casos de violencia de género en los centros de salud y urgencias.
Este protocolo, que ha sido elaborado por el Ministerio de Sanidad, doce CC.AA., la Delegación especial del Gobierno para la Violencia de Género y el Instituto de la Mujer, detalla los procedimientos que los médicos deben seguir en caso de agresiones sexuales, o los elementos a incluir en el parte de lesiones del informe médico sobre malos tratos, entre otros aspectos.
Según este documento los facultativos deben incluir en el historial clínico de la paciente sus sospechas sobre malos tratos y, si se confirma, denunciar el caso. En este protocolo se incluye también a las mujeres inmigrantes, uno de los colectivos más afectados por la violencia doméstica. La ministra dijo que habrá "tolerancia cero" contra las prácticas que supongan maltrato que se amparen en cuestiones culturales.
Según datos del Consejo de Europa entre el 20 y el 25% de las mujeres europeas han experimentado violencia física al menos una vez en su vida y una de cada diez ha padecido violencia sexual, aunque cuando se incluye el acoso, el porcentaje de afectadas alcanza un 45%.
En la actualidad la comisión contra la violencia de género del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud trabaja en la elaboración de indicadores para evaluar el desarrollo del protocolo.
Cabe significar que el protocolo tiene en cuenta las características de los distintos niveles asistenciales (tanto en consultas como en urgencias de Atención Primaria y Especializada) y ofrece a los profesionales de cada uno de estos servicios recomendaciones específicas tanto sobre lesiones como sobre actitudes que puedan hacer sospechar que se encuentran ante una mujer que sufre violencia de género. También facilita información sobre los aspectos jurídicos y éticos que los profesionales deben tener en cuenta frente a casos de violencia ejercida contra las mujeres e incluye una mención general de los recursos a los que se pueden derivar a estas mujeres en las distintas Comunidades Autónomas.
El texto incluye también un capítulo específico sobre aquellos procedimientos que deben seguirse ante casos de agresiones sexuales, situaciones que tienen implicaciones forenses y legales especiales que deben conocerse en los centros sanitarios.
Salgado señaló las dificultades que el grupo de trabajo ha encontrado a la hora de trasladar al contexto de la violencia de género el concepto de detección precoz, una práctica habitual en salud pública y que fue concebida para su aplicación a las enfermedades biológicas. "Entre otras razones, porque en estos casos los servicios sanitarios tratan las consecuencias en la salud de las mujeres que han sufrido un problema social cuyas causas no son prevenibles sanitariamente", argumentó.
Juzgados de delitos contra menores
El Plano del Senado estudiará hoy la creación de juzgados especializados para aquellos procesos en los que la víctima del delito sea un menor. A través del estudio de una moción en este sentido, se pretendería evitar que estas víctimas, por su especial situación de vulnerabilidad, sufran una mala experiencia durante los juicios. Por este motivo, se dotaría a los juzgados de recursos humanos especializados en el trato a menores y materiales suficientes que garanticen una efectiva protección de estos menores. La moción presentada a debate parte de la premisa de que la atención a los menores durante el proceso penal es "mínima" en relación a los delincuentes de esta misma edad y recuerda que, en estos casos, los menores no son sólo las víctimas del delito, puesto que el proceso judicial "desencadena lo que se ha dado en llamar una victimización secundaria". De esta manera, el menor no sólo sufre las consecuencias directas del delito, sino que además "debe soportar un proceso penal adverso que, cuando menos, podemos decir que le va a causar problemas y molestias añadidas", se enfatiza en el cuerpo de la moción presentada para su estudio. > Agencias |
