Palma de Mallorca. Agentes de la Policía Nacional registraron ayer en Palma el despacho de los notarios Alberto Herrán y Álvaro Delgado, éste último hermano del alcalde de Calvià, Carlos Delgado, del Partido Popular, en una operación relacionada con delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Fuentes próximas a la investigación informaron de que agentes policiales empezaron a las 10.30 horas los registros relacionados con esta operación, en la que se inspeccionó también un bufete de Palma, el despacho de abogados Feliu, que está ubicado en el Paseo Mallorca.
La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción difundió un comunicado en el que precisa que la oficina de los dos notarios, ubicada en el número 2 de la céntrica calle Unión de Palma, protocoliza habitualmente las operaciones de los clientes del bufete. También se registró una sucursal bancaria en la que se hallan abiertas las cuentas del despacho y de un buen número de sus clientes.
De acuerdo con la Fiscalía, esta operación está previsto que conlleve la detención de once personas, de las cuales algunas ya han sido arrestadas, y la imputación de otras catorce por delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la defraudación fiscal.
En conjunto, las pesquisas conllevaron el registro de doce inmuebles y el envío de mandamientos a veintiséis entidades bancarias para el bloqueo de saldos y cuentas, fondos de inversión, imposiciones a plazo fijo e inversiones en Deuda Pública, así como acciones, participaciones y otros títulos de valores.
El origen de esta operación, que está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, se sitúa en la detección por la Agencia Tributaria de estructuras fiduciarias creadas por el despacho de abogados investigado "con la connivencia de despachos corresponsables" que "operan en el paraíso fiscal de Panamá".
Estas estructuras, al parecer, están destinadas "a la ocultación de los titulares reales de actividades y patrimonios", que tenían presuntamente "la finalidad de defraudación fiscal y blanqueo de capitales".
Según la fuente, el bufete está relacionado con 816 sociedades, que tienen unos activos declarados por importe de 307 millones de euros.
De las 816 sociedades examinadas, 252 son no residentes y 161 figuran domiciliadas en paraísos fiscales.
No ha sido posible averiguar hasta el momento, según la Fiscalía Especial, la identidad de los clientes del despacho titulares del capital de 88 sociedades residentes en el Estado a nombre de los cuales figuran bienes por importe de 141 millones de euros.
De acuerdo con los datos facilitados, el despacho ha canalizado fondos procedentes del exterior en el periodo comprendido entre 1997 y 2006 por 482 millones de euros, de los cuales un mínimo de 17,1 tienen como origen o destino, directamente, territorios calificados como paraísos fiscales. |
