madrid. Uno de los responsables de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo Francisco Javier Jambrina aseguró ayer que un controlador del confidente Rafá Zouhier, Víctor, le pidió que destruyera una nota remitida el 11 de marzo de 2003 en la que se informaba del trafico de explosivos en Asturias, a lo que éste dijo que se negó.
Según este testigo, Víctor le hizo esta petición "el día anterior en que iba a comparecer el personal" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante la comisión parlamentaria que investigó los atentados del 11-M y, para convencerle de que lo hiciera, le indicó que "sólo obra copia en ambas unidades".
Al negarse a destruir la nota, fechada el 6 de marzo de 2003 y que fue remitida a Asturias el día 11, Jambrina, según relató, mantuvo un "rifirrafe" con Víctor y le reprochó que "la UCO se estaba desentendiendo del tema".
Sin embargo, según declaró Víctor el pasado 9 de abril en el juicio, donde compareció también como testigo, el motivo de su llamada a Jambrina fue para advertirle de que la nota no debía "filtrarse" a los medios de comunicación y no para ordenarle que destruyera ese documento.
Jambrina señaló que mantuvo tres conversaciones con Víctor: una en febrero de 2003 a propósito de la existencia de un depósito de unos 150 kilos de explosivos con los que se pretendía traficar en Asturias, otra cuando el controlador de Zouhier tuvo la muestra del explosivo en marzo (y que luego fue destruida) y, finalmente, cuando le pidió que rompiera la nota informativa.
Por su parte, el ex comisario de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la Policía Rafael Gómez Menor explicó ayer que dejaron de investigar en 2002 a uno de los presuntos autores del 11-M, el suicida Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino, porque cambió de teléfono y no pudieron averiguar el nuevo número.
En su declaración como testigo, en esta trigésimo primera jornada del juicio por los atentados de Madrid, Gómez Menor indicó además que su unidad investigó también al acusado Rabei Osman El Sayed, El Egipcio, considerado cerebro de la masacre, entre febrero de 2002 y hasta el 27 de febrero de 2003, fecha en la que supuestamente, según recordó, éste se marchó de España.
Otro de los acusados conocido por la UCIE desde 2000 era Jamal Zougam, ya que en esa fecha investigaban, según relató este testigo, al líder de una célula de Al Qaeda en España, Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, que en esa época acudía frecuentemente al local que este procesado regentaba en Lavapiés.
Abu Dahdah, quien actualmente cumple una condena de doce años de cárcel por integración en organización terrorista islamista, declaró recientemente en el juicio por el 11-M que conocía a Zougam por haber mantenido con él relaciones comerciales.
Respecto a El Tunecino, del que dijo que desconocía que también le estuviera investigando la Brigada Provincial de Información de Madrid, relató que la UCIE le investigó de junio a noviembre de 2002 mediante la intervención de su teléfono y cuando lo cambió no pudieron "averiguar el nuevo número" y desistieron de "continuar con las pesquisas". En cuanto a la investigación del 11-M, indicó que su "primera verdadera intervención directa" fue en el hallazgo de la finca de Chinchón en la que supuestamente se montaron las bombas que se colocaron en los trenes. Gómez Menor hizo un relato prolijo del despliegue policial para la localización de esa finca que se sospechó tenían los terroristas. |
