El próximo miércoles se cumple un año desde la intervención judicial de Fórum Filatélico y Afinsa por una presunta estafa, que dejó sin sus ahorros a más de 465.000 clientes y ha descubierto un agujero patrimonial superior a los 4.666 millones de euros.
Esta crisis filatélica, investigada por los Juzgados Centrales de Instrucción número 1 y 5 de la Audiencia Nacional, va camino de convertirse en el mayor fraude económico en el Estado español por el número de afectados.
Los últimos informes que los administradores concursales han presentado en los juzgados mercantiles indican que el valor de los sellos no llegaría ni para devolver el 15 por ciento de lo invertido por los clientes, mientras que los activos totales no alcanzarían ni el 25 por ciento de las deudas a las que habrían de hacer frente las empresas.
Así pues, según fuentes jurídicas, los administradores avanzan hacia la liquidación ordenada de los activos de Afinsa y Fórum -principalmente inmobiliarios y financieros-, si es que los antiguos gestores de las sociedades no logran obtener un apoyo mayoritario para sus planes de viabilidad.
Por el momento, el de los antiguos directivos de Afinsa, que pretendía convertir a los 195.000 clientes en accionistas y devolver en diez años compromisos por 1.956 millones de euros, ha sido rechazado, mientras que el de los antiguos administradores de Fórum Filatélico no ha sido presentado todavía.
Para paliar los problemas económicos de los afectados, en el orden administrativo, el Gobierno español ha aprobado una línea de créditos a interés cero, por un montante total de 150 millones de euros, que materializará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), hasta finales de año.
Además, el Ejecutivo dirigido por Rodríguez Zapatero ha otorgado subvenciones para que las asociaciones de consumidores ayuden a los afectados, ha permitido complementos de pensiones para clientes jubilados con dificultades y una oficina de justicia, con el fin de informar a los afectados.
garzón En el orden penal, los pleitos de Afinsa y Fórum Filatélico ocupan más de 50.000 folios (más de cuarenta tomos) en la Audiencia Nacional y ha afectado a más de una treintena de personas, imputadas por delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Tras una primera parte de instrucción llevada por el magistrado Fernando Grande-Marlaska, el juez Baltasar Garzón desgajó del caso Fórum Filatélico una pieza sobre su relación con la operación antiblanqueo Ballena Blanca y otra, que ya fue para los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, relacionada con posibles pagos por el parque marítimo Anaga.
En el caso de Afinsa, el juez Santiago Pedraz amplió, a principios de este año, el círculo de imputados hasta el segundo nivel directivo y los ejecutivos de la filial de Afinsa en Estados Unidos, Escala Group, con la que la sociedad filatélica podría establecer una estructura para ocultar presuntamente una "transferencia internacional de capitales".
AFECTADOS Entretanto, una parte de los 465.000 afectados han recurrido a diferentes asociaciones de consumidores, plataformas o agrupaciones independientes para defender sus derechos y ha participado ya en múltiples manifestaciones para pedir una solución a la crisis.
Ante la imposibilidad de recuperar en un breve espacio de tiempo los ahorros que habían invertido en Afinsa o en Fórum Filatélico, varias de estas organizaciones pedirán esta semana la responsabilidad civil subsidiaria del Estado español por no haber controlado a estas dos empresas dedicadas a la inversión en bienes tangibles.
En esta línea, los ex presidentes de Fórum Filatélico y Afinsa Francisco Briones y Juan Antonio Cano Cuevas, respectivamente, amenazaron también con demandar al Estado español por una intervención judicial "alevosa" y por cambiar de criterio en cuanto a los contratos con los clientes, desde la consideración de mercantiles a la de financieros.
Precisamente, la intervención de la Audiencia Nacional se realizó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que el 24 de abril de 2006 interpuso la querella tras recibir varias denuncias e expedientes de la Agencia Tributaria, a partir de un estudio de los ejercicios económicos entre 1998 y 2002. |
