madrid. La totalidad de las empresas cotizadas, incluyendo las sociedades del Ibex 35 y las del mercado continuo, niegan rotundamente que la corrupción pueda producir un "bloqueo o colapso" en el sector inmobiliario español en los próximos años, según el informe "Política y urbanismo: Transparencia y legislación del sector inmobiliario" elaborado por el Instituto de Empresa y la consultora Gavin Anderson & Company.
En cambio, sí que se aprecian diferencias entre las mayores empresas cotizadas y las del mercado continuo a la hora de percibir el sector inmobiliario como "uno de los más corruptos" de la economía española. Las empresas del Ibex respondieron "no" en un 100% de los casos, mientras que las del continuo sí que dejaron lugar a dudas, con un 33,6% de respuestas afirmativas y el doble de negativas (el 66,6%).
Por su parte, los abogados y las propias promotoras inmobiliarias se mostraron más negativos en su percepción del sector, de forma que el 100% de los primeros y el 73,6% de los segundos cree que sí existe esa idea del sector como uno de los más corruptos. La prensa, que también fue encuestada, también ve las corruptelas como impresión habitual sobre el sector (82,6%).
Además, el 68% del total de encuestados considera que no existe voluntad política para acabar con el problema de la corrupción. Los abogados creen que no la hay en un 73,7% de los casos, la prensa en un 65,2%, las promotoras en un 52,6% y las empresas del continuo en un 16,6%, mientras que las empresas del Ibex si que aprecian interés político en un 100% de los casos encuestados.
El estudio concluye que el sector es percibido como "corrupto" y permite ver, que los sectores más cercanos al negocio inmobiliario, como las propias promotoras o los abogados, tienen una actitud "más crítica" con la situación del sector inmobiliario, mientras que el perfil empresarial "destaca que no es un problema para que éste se siga desarrollando".
Los expertos que han redactado el informe pidieron que se aumente la información y la transparencia en el negocio inmobiliario y que se produzca un efectivo control por parte de las comunidades autónomas sobre las competencias de vivienda. |
