madrid. Representantes de los gobiernos vasco, catalán y gallego presentaron ayer en el Congreso de los Diputados el acuerdo de colaboración en materia lingüística suscrito por los tres ejecutivos y animaron a las instituciones del Estado a "ir asumiendo la práctica del plurilingüismo".
Los responsables en materia de política lingüística del Gobierno vasco, Generalitat de Cataluña y Xunta de Galicia, Patxi Baztarrika, Miquel Pueyo y Mari Sol López, respectivamente, presentaron en un acto público celebrado en el Congreso de los Diputados, ante representantes de los diferentes grupos parlamentarios, el Protocolo general de colaboración en materia de política lingüística rubricado recientemente en Bilbao entre los tres gobiernos con el objetivo del "fomento de las lenguas".
Tras la presentación de este acuerdo, se celebró una reunión entre los firmantes del mismo con representantes del Ministerio de Administraciones Públicas. En este encuentro, los representantes de las tres comunidades autónomas animaron a las instituciones del Estado a "ir asumiendo la práctica del plurilingüismo" e impulsar el uso de las diferentes lenguas.
El portavoz del PNV en la Cámara, Josu Erkoreka, consideró que era un acto "sin precedentes en la historia de la Cámara", en el que representantes de los tres Gobiernos presentaban el protocolo "en una institución donde el uso de las lenguas cooficiales no es posible".
Baztarrika pidió en nombre de las tres Comunidades que las instituciones centrales del Estado dispensen a las lenguas cooficiales un tratamiento más justo y favorable a su uso, como corresponde a hacerlo a un Estado plurilingüe, en el que el 40 por ciento de la población vive en comunidades con lengua propia distinta del castellano.
"cohesionar el estado" El objetivo, continuó, es "la igualdad social" entre las lenguas, lo que contribuiría a mejorar la convivencia y a cohesionar al Estado, porque el protocolo "no va contra nada, ni contra nadie y en absoluto lucha contra el castellano". Asimismo, se persigue que el Gobierno adopte medidas para posibilitar el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en el ámbito de sus propias instituciones, especialmente en el Congreso y en el Senado, así como en la Administración de Justicia, en sus sociedades estatales y empresas de servicio públicas, tales como Correos y Renfe, y en los medios de comunicación de titularidad pública en el ámbito estatal. |
