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¿La economía vasca va bien?
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Patxi Echeverría
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Los informes y valoraciones que nos transmiten los portavoces del Gobierno vasco confirman que la economía de la CAV va bien. Y aportan datos muy positivos: aumento del 4,2% del PIB, situación macroeconómica equilibrada, esfuerzo inversor de casi el 30% del PIB, Comercio Exterior escasamente deficitario a pesar de la carestía de los productos energéticos y con un prometedor asentamiento de la exportación de bienes de equipo, crecimiento de 22.000 nuevos empleos alcanzando una cifra récord total de 954.000 ocupados con una tasa de paro mínima del 4,1%. Y el Gobierno felicita por estos resultados a toda la Sociedad.
Los puntos negativos son el diferencial (1,8%) del IPC con la zona Euro, la disminución de las exportaciones de alto nivel tecnológico y la baja tasa de ocupación (41%) de las personas con más de 55 años. No se menciona el endeudamiento de las familias.
Cuando escuchan este diagnóstico los principales protagonistas de la actividad económica, empresarios y trabajadores, observan que el Gobierno contempla complacido ese panorama como un espejo donde se refleja su propio nivel de eficacia y buen Gobierno. Y no le falta razón, aunque las mismas debilidades que se indican en el diagnóstico le señalan con el dedo al propio Gobierno que las enumera.
El diferencial de inflación que continuamos teniendo con la UE no es una pequeña sombra en ese escenario de luces, sino que tiene consecuencias verdaderamente graves sobre todo para la industria. Ya que no se dispone de instrumentos de política monetaria, al menos una correcta interpretación de las consecuencias de la moneda única y de los tipos de interés europeos, junto con una buena pedagogía sobre estos temas por parte del Gobierno, ayudaría sin duda a una mejora del diálogo y el acuerdo social.
Pero es sobre todo en el tema crucial de la tasa de empleo donde la legislación laboral y especialmente el sistema impositivo juegan un papel decisivo, y estos temas implican responsabilidades directas del Ejecutivo que tiene que garantizar a los ciudadanos un marco de seguridad, de libertad y de equidad. En primer lugar la tasa de empleo no puede subir porque el sistema de impuestos al trabajo fomenta la inactividad o al menos no hace nada serio para estimular el trabajo de jóvenes ni mayores. En segundo lugar, ese marco legal de equidad -entre generaciones y entre trabajadores públicos y privados- es el único que puede acabar con la discriminación que significa la precariedad laboral de los jóvenes, afrontando con valentía soluciones más realistas y ya ensayadas con éxito en los países que tomamos como modelo del Estado de bienestar.
En tercer lugar, la experiencia contrastada de otros países enseña que es preciso disponer de una organización de los horarios y unos equipamientos sociales que permitan a las mujeres compatibilizar familia y trabajo, de forma que su incorporación al mercado laboral (hoy todavía el 55%) no se realice a costa de una disminución extrema de la natalidad. Aquí la responsabilidad no acaba simplemente con una mejor provisión, hoy insuficiente, de guarderías infantiles. Es todo el sistema de urbanístico el que está en cuestión, un sistema que ha hecho posible precios desproporcionados de la vivienda, minusvalorar los altos costes del transporte, propiciar un desorden caótico de implantaciones industriales y residenciales, abandonar el cuidado estético y físico del paisaje, y un largo etcétera.
Pues bien, a pesar de todo ello, los resultados económicos están recibiendo una calificación de aprobado por parte del Gobierno. Y ya que esa aprobación propicia un clima de optimismo, sería tal vez un buen momento para que nuestro Gobierno se mire también en su propio espejo y se anime a dar pasos más eficaces para reafirmar un marco equitativo de libertad para superar esos graves, puntos débiles de nuestra economía. |
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