DONOSTIA. El director general de Hacienda de la Diputación de Gipuzkoa, Iñaki Rica, emitió un informe en diciembre de 2005 en el que justificó las irregularidades detectadas en la Hacienda de Irun y las atribuyó, entre otras causas, a "cargas de trabajo" de las oficinas tributarias y a "una concepción errónea de servicio al ciudadano".
Rica firmó este escrito, al que ha tenido acceso Efe, el 1 de diciembre de 2005, tres meses y medio después de que la auditoría interna del área de Finanzas pusiera al descubierto que en 2003 se habían producido "anomalías graves" en la oficina de Irun, cuyo director en esa época, José María Bravo, ha sido imputado por el fiscal junto a otras tres personas por haberse apropiado presuntamente de 1,5 millones de euros de la Hacienda foral. Asunto que ha obligado a su hermano, el senador Víctor Bravo, a presentar su dimisión como tal.
La auditoría analizaba expedientes dados de baja por insolvencia en 2003 y advertía de que en algunos tramitados en Irun se observaban "anomalías graves".
Los auditores explicaban cómo se habían levantado embargos sin que constara "la causa ni el ingreso del importe retenido", o cómo se había dado de baja por insolvencia la deuda de personas que podían clasificarse como solventes y no se les había embargado, ni "agotado" todas las posibilidades de cobro de la deuda.
En algunos casos, los auditores señalaban que las deudas no se podían rehabilitar porque ya habían prescrito y, en los que no, apuntaban a la posibilidad de cobro porque el contribuyente tenía ingresos suficientes para hacer frente a la deuda.
Además, la auditoría indicaba que la encargada de resolver esos expedientes era la oficina de Eibar y que en alguno de ellos se señalaba que las diligencias de embargo constaban como expedidas por el "jefe de la oficina tributaria".
A la vista de estos datos, Iñaki Rica argumentó que la oficina de Eibar vivía una "especial situación", debido a una enfermedad de su responsable, cuyas "ausencias y bajas prolongadas" facilitaban la remisión de expedientes de esta oficina a la de Irun.
El hecho de que no se practicaran "todas las actuaciones posibles tendentes al cobro de la deuda", que en algunos casos superaba los 200.000 euros y que fueran posteriormente "data por insolvencia", se explicaría, según el director de Hacienda, porque "la carga de trabajo existente pudo provocar que excepcionalmente" no se llevara a cabo esa tarea. Todo ello hizo que se archivará la auditoría hasta que la Diputación retomo el caso. >Efe |