a lo largo de un extenso y documentado informe de cerca de trescientas páginas, correspondiente al año 2006, la Coordinadora para la prevención de la Tortura, que agrupa a varias decenas de asociaciones y observatorios de defensa de los Derechos Humanos, aporta pruebas, testimonios y datos suficientes como para concluir que la lacra de los malos tratos persiste en comisarías, cuartelillos y cárceles del Estado español, contradiciendo las reiteradas negativas que suelen partir desde ámbitos oficiales cuando se trata el tema. Una de las conclusiones más preocupantes de este informe es que el número de denuncias de torturas y malos tratos es superior en aquellas comunidades en las que por organización social o conciencia política son más los ciudadanos dispuestos a denunciar las injusticias o las ilegalidades. Quiere esto decir que no es descabellado suponer que estemos sólo ante una parte de lo que realmente sucede y queda oculto porque no hay una denuncia que lo saque a la luz. Otra evidencia que se desprende del informe es que en no pocos casos son las leyes especiales las que favorecen la práctica de la tortura o de los malos tratos a los detenidos. Así, el descenso de prácticamente un cincuenta por cien de las denuncias en la CAV y Navarra obedece fundamentalmente, según los autores del trabajo, a la drástica reducción de las detenciones en régimen de incomunicación, seis, frente a las 77 de 2005. Los denunciados visten toda clase de uniformes y llama poderosamente la atención el incremento de los casos denunciados en Barcelona desde que los Mossos de Esquadra han completado su despliegue en la capital catalana, si bien sigue siendo la Policía Nacional quien más denuncias acumula. En cuanto a la comunidad autónoma vasca, el informe da cuenta de 42 denuncias de que ha sido objeto la Ertzain-tza, dato que, con independencia de que pueda ser menor que en otros lugares, siempre es preocupante y merece una reflexión. La implantación de cámaras en las comisarías y el desarrollo de un protocolo a seguir para preservar los derechos de los detenidos son medidas merecedoras de aplauso pero que deben tener otros acompañamientos. A nivel general, los inmigrantes se han convertido en uno de los grupos más expuestos a los malos tratos, inmediatamente por detrás de integrantes de movimientos sociales y por delante de miembros del movimiento sindical. El informe habla de casi 700 víctimas de malos tratos por año, dos por día, registradas cuatro años después de que el Relator Especial de la ONU sobre la tortura fuera descalificado por el Gobierno de Madrid por incluir al Estado español en la relación de países donde se practicaba la tortura y dos años después de que el mismo Relator se ratificara diciendo que dicha práctica es más que esporádica. Para acabar con esta lacra es imprescindible la voluntad de hacerlo. Negar la evidencia no es el camino.