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Bruselas ataca de nuevo las vacaciones fiscales vascas
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Abre otro procedimiento contra España por no recuperar las ayudas declaradas ilegales en 2001.
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Silvia Martínez
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bruselas. La Comisión Europea cumplió ayer con sus advertencias e inició un segundo procedimiento de infracción contra el Estado español por no haber recuperado las ayudas fiscales concedidas en la década de los noventa por las Diputaciones de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia en forma de créditos fiscales y exenciones del Impuesto de Sociedades y que declaro ilegales hace seis años. El Gobierno español ya fue condenado por este mismo motivo a finales del año pasado por el Tribunal de Justicia de la UE. Ahora, las autoridades españolas tienen dos meses de plazo para responder. Si no lo hacen satisfactoriamente el caso podría terminar de nuevo ante la Corte de Justicia europea y Bruselas podría solicitar multas diarias por incumplimiento.
El caso se remonta a julio de 2001 cuando la Comisión Europea declaró "ilegales" e "incompatibles" con las normas europeas las ayudas fiscales concedidas por las tres diputaciones forales y ordenó su paralización y recuperación. El esquema, aplicado durante la década de los noventa, incluía créditos fiscales del 45% de las inversiones realizadas y una exención de la base imponible del Impuesto de Sociedades para las empresas de nueva creación. Tras años de cartas, procedimientos de infracción y denuncias, la Corte europea condenó finalmente a España el 14 de diciembre de 2006 por no haber recuperado las ayudas.
La Comisión Europea argumenta que siete meses después de esta decisión todavía no ha tenido noticias de ninguna medida para aplicar la sentencia por lo que ha decidido abrir un nuevo procedimiento de infracción. Según fuentes de la Dirección General de Competencia, durante este periodo han remitido a las autoridades españolas hasta siete recordatorios pero nunca han recibido respuesta.
Las autoridades españolas tienen ahora dos meses de plazo para responder a los nuevos requerimientos del Ejecutivo comunitario, que advierte que en base a la respuesta evaluará si se han cumplido con las obligaciones de recuperación o no. Si no es así, advierte que no tendrá reparos en llevar por segunda vez el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Si ocurre esto, Kroes podría solicitar en esta ocasión la imposición de multas diarias a España hasta la recuperación total de las ayudas.
La Corte europea tiene actualmente en sus manos otro expediente sobre las vacaciones fiscales a raíz de una pregunta prejudicial remitida por el Tribunal de Justicia del País vasco y que está a la espera de sentencia. Un caso que, según reconocen desde el propio Ejecutivo comunitario, tiene una enorme trascendencia porque podría "anular las decisiones anteriores de la Comisión". Una posibilidad que, sin embargo, ven bastante improbable porque en el pasado y en casos como el de la empresa Ramondín, los jueces europeos han dado la razón a Bruselas.
En su escrito de ayer, el Ejecutivo comunitario recuerda también que su planteamiento respecto a las vacaciones fiscales coincide con el plan de acción sobre ayudas de Estado presentado en 2005, y que apuesta por una estricta aplicación de las decisiones que obligan a los Estados miembros recuperar los subsidios cuando sean declarados ilegales. |
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