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Como de normas y togas entiendo poco, me abstendré de discutirle a Azkuna la legalidad de sus medidas digamos poco integradoras. No le niego, pues, el derecho constitucional de reducir "a la mínima expresión" -son sus palabras- la presencia de los grupos opositores en las sociedades públicas. Lo que sí es debatible es la conveniencia de obrar así y el modo con el que ha justificado su postura. Al poner de ejemplo extremo a Gallardón, "que no se anda con tonterías" al organizar el reparto de responsabilidades, da la impresión de que ceder cancha al adversario le parece una magnánima bobada, una suerte de aguinaldo testimonial que en el Botxo hay que agradecerle. Al subrayar que si quiere puede controlar todas las empresas municipales con su "gente exclusivamente, de manera que la oposición se va a la calle", ignoro si el alcalde se limita a recordarnos la Ley de Grandes Ciudades o nos cuela de paso una amenaza, cuidado, Basagoiti y Oleaga, que puestos en plan borde la protesta lastimera os sale rana. Al tildar de "peregrinas" ciertas cosas que suceden en los consejos de esas empresas, sospecho que se refiere al afán de mosca cojonera de una oposición que, fíjate qué novedad, a menudo se empeña en oponerse. Me hago cargo de que algún moscardón no dudaría en sostener que el Guggenheim es un papel de plata arrugado que envolvió antaño un bocata de sardinas, todo fuera por chinchar al partido gobernante. Ocurre aquí y allá, así es la democracia mediática. Por eso cualquier mandatario sobrao de apoyos o autoestima debe acordarse no de ese "rival politico" tan tocapelotas, y ni siquiera de su santa madre en un arrebato de mal rollo, sino de los ciudadanos que votan a la oposición y también pagan impuestos. De lo contrario uno se aznariza y confunde la Casa Consistorial con su casa particular. Que aún no es el caso, ni falta que hace. |
