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Libertad de prensa
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Lidia Falcón
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cuando pensaba que en mi artículo anterior daba por concluidos mis comentarios sobre el ejercicio de la libertad de prensa que la democracia nos permite, recibí una comunicación de la Asamblea de Mujeres de Cantabria que me informaba de lo sucedido con la revista La Realidad. Esta publicación que había llegado a tener 6.000 lectores, y especialmente su director Patxi Ibarrondo, han sido víctimas de la persecución política, auxiliada por la judicial. En 2001 fue condenado Ibarrondo en primera instancia a indemnizar con 120.202 euros a un pluriempleado del PP y de Caja Cantabria por el menoscabo a su honor en un artículo de la revista, y se le ejecutó la sentencia aun cuando no era firme, obligando al cierre de la publicación. En 2003 la Audiencia Provincial rebajó la indemnización a 12.002 euros, cantidad que la revista hubiera podido asumir dos años antes, sin provocar su muerte. Y en la actualidad, enfermo Ibarrondo de parkinson por el estrés intenso y prolongado a que estuvo expuesto en el periodo anterior, la juez ha ordenado el embargo de la cuenta bancaria donde recibe su pensión de invalidez.
La Realidad fue galardonada en 2002 con el Premio del Año del Club Internacional de Prensa y en junio de 2007 Reporteros sin Fronteras acogió su caso y a Patxi Ibarrondo como periodista perseguido, de tal modo que la organización ha contratado a un abogado de prestigio para recurrir ante el Tribunal Constitucional, pero la realidad es que la revista ha desaparecido y con ella un medio de crítica independiente y que un periodista al que la persecución política le ha provocado una enfermedad, está condenado a la miseria. Para que no olvide los poderosos enemigos que tuvo la imprudencia de ganarse y para que sirva de ejemplo a otros ingenuos que se crean amparados por el derecho constitucional de libertad de expresión.
Recuerdo que yo concluía el anterior artículo diciendo que todo periodista y editorial que se cuide tendrá la prudencia de no meterse con la monarquía. No ha transcurrido un mes desde esta aseveración, que se ha convertido en una predicción, cuando se ha producido el secuestro de la revista El Jueves, cuya causa es una viñeta burlesca sobre los príncipes Felipe y Letizia.
Este episodio sirve para recordarnos a los temerarios que hacer comentarios sobre la familia real -ahora llamada la Corona según la ridícula imitación de los términos británicos- tiene graves riesgos. Y ¡qué ingenuos los periodistas de El Jueves que creyeron salir impunes de una broma! Por otro lado tan inocente. No debían saber que el Código Penal, el de 1995 llamado de la democracia, establece que "se impondrá la pena de multa de 6 a 24 meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes… o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona." La forma del daño, así como el prestigio, lo establecen los jueces. El secuestro de la revista tampoco está contemplado en este redactado pero la discrecionalidad del juez y el celo del fiscal lo permiten.
Y como aviso a imprudentes, es bueno recordar que la Constitución establece la impunidad de todos los actos del Rey, incluyendo aquellos que pertenecen incluso al ámbito delictivo. En consecuencia, nadie puede indagar en la vida privada del monarca y de su familia. Y estoy hablando de negocios, relaciones personales, amistades íntimas, encargos, prebendas, favores. Conductas que en cualquier país democrático serían objeto de indagación minuciosa por parte de los medios de comunicación, y de los organismos a ello destinados, respecto al Presidente de la República.
El anterior artículo de la autora instaba a cuidarse de meterse con la monarquía
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Son los jueces quienes deciden la forma en que se daña el prestigio de la Corona |
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