Barcelona. CiU exigió ayer la destitución "fulminante" del delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel, por haber "incumplido" el Estatut al anunciar que el delegado del Ministerio de Fomento en Catalunya, Jordi Prat, no comparecerá ante la cámara catalana, pese a que ésta así lo había solicitado.
Esta solicitud de comparecencia se había aprobado en la comisión de Política Territorial del Parlamento catalán por unanimidad de los grupos y era una iniciativa de las formaciones de izquierda, entre ellos los socialistas, que querían escuchar las explicaciones de Prat en relación con las incidencias en el servicio de Cercanías de Renfe.
De hecho, el artículo 59.5 del Estatut establece que "los cargos públicos y el personal al servicio de las administraciones públicas que actúen en Catalunya tienen la obligación a comparecer a requerimiento del Parlamento".
Sin embargo, en la carta que Rangel ha enviado a la Mesa del Parlament se afirma que, tras consultar los servicios jurídicos del Estado, la comparecencia requerida "no puede suponer una función de control político del Gobierno y de la Administración General del Estado, que está constitucionalmente reservada a las Cortes Generales".
Para compensar, el delegado de Fomento ha remitido al Parlament el Plan de Actuaciones Urgentes para la mejora del servicio de Cercanías de Renfe, elaborado por Prat y que ya fue hecho público.
Nada más conocer la carta de Rangel, el portavoz de CiU en el Parlament, Felip Puig, emplazó al presidente de la Generalitat, José Montilla, a que solicite al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la destitución inmediata del delegado del Gobierno en Catalunya.
"No puede ser que Rangel, con una carta dirigida al presidente del Parlament, se niegue a cumplir el Estatut. No puede ser que sea el primer objetor de conciencia del nuevo Estatut", ha denunciado Puig, que ha calificado al delegado del Gobierno como un "hombre de Montilla".
CiU también pidió la comparecencia en el Parlamento catalán del ministro de Industria, Joan Clos, tal y como permite el nuevo Estatut, para que dé explicaciones sobre el apagón generalizado en Barcelona y las actuaciones del Gobierno.
CiU quiere que la comisión de Economía del Parlament, que se reúne el próximo lunes, vote esta solicitud de comparecencia, que se ampara en el artículo 59.5 del Estatut, que establece: "Los cargos públicos y el personal al servicio de las administraciones públicas que actúen en Cataluña tienen la obligación a comparecer a requerimiento del Parlamento".
Según el portavoz de CiU en el Parlament, Felip Puig, el apagón generalizado en Barcelona ha causado una "grave crisis de confianza" de los ciudadanos en el gobierno de la Generalitat, que ha actuado "sin la celeridad ni la responsabilidad necesaria". >Agencias |
