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Varios de los inmigrantes llegan a Tenerife escoltados por la Policía. Foto: Efe |
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Interceptan 127 inmigrantes en dos cayucos en aguas canarias y andaluzas
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Un total de 127 inmigrantes ilegales han sido detenidos en el marco de dos operaciones de salvamento llevadas a cabo en aguas de Andalucía, ante el municipio de Motril, y de Canarias, a 100 millas de la costa.
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Santa Cruz de Tenerife. Un total de 127 inmigrantes ilegales han sido detenidos en el marco de dos operaciones de salvamento llevadas a cabo en aguas de Andalucía, ante el municipio de Motril, y de Canarias, a 100 millas de la costa. La embarcación de Salvamento marítimo Punta Salinas llegaba ayer al puerto tinerfeño de Los Cristianos con los 90 inmigrantes a bordo. Todos eran varones y entre ellos había tres menores de edad. Los subsaharianosviajaban en un cayuco interceptado a unas cien millas al sur de Tenerife.
La detención se produjo en el marco de una operación contra la inmigración clandestina desde África, que daba ayer mismo otro golpe ante las costas de Granada. Ante las aguas del municipio de Motril se interceptaba otra patera con 37 inmigrantes ilegales a bordo, también con varones a bordo, la mayoría procedentes de Marruecos. 11 de ellos eran menores de edad.
De entre todas las personas que viajaban en la patera, tres necesitaron recibir asistencia sanitaria y uno tuvo que ser trasladado al Hospital de Santa Ana ya que padecía un fuerte dolor de estómago y de cabeza, además de deshidratación. Los adultos han pasado ya a disposición de la Policía Nacional, que tramitará su repatriación. Por su parte los menores quedarán bajo la custodia de los Servicios Sociales de la junta de Andalucía. Como los inmigrantes viajan indocumentados, fue necesario realizarles pruebas para determinar su edad, como las oseométricas, que miden con gran exactitud los años de vida de los huesos de muestra.
La embarcación había sido avistada horas antes por el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE). Tras su detención, y según ordena la legislación vigente, los 11 menores ingresarán en un centro de menores la junta de Andalucía. Sin embargo, si siguen llegando personas a este ritmo, estos centros corren el riesgo de saturarse, como ha ocurrido en Melilla. La consejera de Bienestar Social María Antonia Garbín advirtió además de la masificación que viven actualmente algunos de los centros de menores de la Ciudad Autónoma. Uno de ellos, el Fuerte de la Purísima, tiene una capacidad máxima para 160 menores, si bien estos días ha estado ocupado por más de 190.
Garbín cifra en 322 menores los que actualmente están tutelados y acogidos por la Ciudad Autónoma, de los que entre 230 y 250 son susceptibles de ser devueltos a Marruecos en caso de que finalmente se materialice el acuerdo al que llegaron España y el reino alauita durante la reciente cumbre bilateral celebrada en Toledo.
Según aseguró en su reciente visita a Melilla el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el acuerdo con Marruecos permitiría devolver a todos los menores, incluidos los de Melilla, ya que los expedientes de todos estos jóvenes a nivel nacional iban avanzados. Sin embargo, la consejera apuntó que la Ciudad Autónoma no tiene "ninguna constancia oficial" de la resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales relativa a que esta reintegración de menores se vaya a producir.
Por esta razón, y teniendo en cuenta que en verano suele aumentar la llegada de menores extranjeros no acompañados, la consejera de Bienestar Social apuntó la posibilidad de instalar tiendas de campaña fuera del centro de menores, como se hizo hace dos años en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) con las avalanchas de inmigración. >Agencias
El fiscal niega las acusaciones de la ONG
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó ayer de que archivó la denuncia de Human Rights Watch sobre los centros de menores inmigrantes porque tras la investigación que realizó, no se constató ninguno de los hechos denunciados. En un comunicado, la Fiscalía informó de que el 13 de febrero de este mismo ejercicio 2007 recibió un fax de esta ONG en el que informaba de supuestos malos tratos, vejaciones o abusos físicos o sexuales perpetrados contra menores inmigrantes en el centro de Arinaga. En opinión de la Fiscalía, la comunicación de la organización pro-derechos humanos Human Rights Watch era "extraordinariamente vaga, imprecisa e inconcreta" tanto en lo referente a los propios hechos como en lo relativo a las personas implicadas. Además indicaron que ni en la declaración de menores ni en la investigación se constató malos tratos físicos o psicológicos, ni abusos físicos o sexuales respecto de menor alguno y tampoco se halló celda de castigo o calabozo alguno. De todas formas reconocieron que a pesar de ello se decidió iniciar una investigación preliminar. >Efe |
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