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La edil socialista dejó el pleno. |
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Las últimas revelaciones sobre el caso de Hijas de la Cruz encienden el pleno de Santurtzi
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El pleno aprobó el avance de la modificación del PGOU para su blindaje. El bufete Garrigues tenía órdenes de no colaborar con el Gobierno vasco ni con las monjas para anular la venta. El PNV les acusó de eludir votar la nulidad del recorte de VPO en la Cantera y Oyancas.
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Diego Artola
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Santurtzi. El pleno del Ayuntamiento de Santurtzi destapó ayer en toda su extensión las causas del incumplimiento por parte PSE-EE y PP del blindaje del colegio Hijas de la Cruz mediante la modificación "inmediata" del PGOU. El edil de Urbanismo, el jeltzale José Luis Landaburu, recurrió a información interna municipal para acusar al gobierno saliente de "querer dejar morir el caso".
Al retraso objetivo de diez meses en el inicio de tramitación del blindaje, Landaburu aportó nuevas revelaciones sobre la ralentización del proceso. "Han desperdiciado diez meses en gastos de bufetes y abogados", acusó. Este edil sacó a la luz una comunicación interna de la mesa de contratación y el área de Urbanismo fechada en febrero -cinco meses después de la orden plenaria para la modificación del PGOU- en la que solicitaba instrucciones sobre la contratación de una asesoría. "Pedían aclaraciones sobre el tipo de empresa a contratar", criticó.
Otro dato más revelador sobre la lentitud de la modificación del PGOU para devolver el carácter educativo al solar de Hijas de la Cruz es el hecho de que el equipo de arquitectos al efecto, acudiera el pasado 3 de julio al Ayuntamiento para "pedir fotocopias sobre el expediente del colegio" pese a que el plazo de presentación había expirado 9 de junio. "Ese mismo día se le pidió la disolución del contrato por su incumplimiento. Ahora estamos negociando una rescisión amistosa", aclaró Landaburu.
Las revelaciones sobre el caso no terminaron con el edil de Urbanismo. El alcalde, Ricardo Ituarte, hizo público durante el pleno la existencia de una orden expresa del anterior equipo de gobierno al bufete de abogados para que no colaborara con los servicios jurídicos del Gobierno vasco y del colegio Hijas de la Cruz en las causas abiertas contra la compraventa del centro. "Tenían totalmente prohibido hablar con esos entes", sentenció Ituarte. El primer edil aprovechó su intervención para anunciar un giro en la política municipal con el acercamiento al resto de instituciones personadas en el caso. "Ayer mismo me reuní con ellos", señaló. A pesar de estos datos, socialistas y populares defendieron la actuación municipal en el caso Hijas de la Cruz con una encendida defensa de su gestión que caldeó el ambiente de la sesión. Así, los portavoces del PSE-EE y del PP, Maite Arana y Luis Ángel Urdiales, coincidieron en acusar a los jeltzales de "mentir" y "engañar" así como de "ocultar información" sobre las novedades aportadas ayer. Arana fue más lejos y calificó de "obra de teatro" la aprobación del avance de la modificación del PGOU destinada a asegurar el uso educativo del solar del colegio. A modo de reprobación, se abstuvieron en la votación.
Oscurantismo La defensa a ultranza de la anterior gestión llevó a la portavoz socialista a contrastar "el engaño" y "las maniobras oscurantistas" de los jeltzales con "la información puntual" del último equipo. Asimismo, destacó el apoyo prestado por PSE-EE y PP al colegio. "Sus mentiras y su irresponsabilidad están creando alarma social", espetó. Por su parte, el alcalde rechazó estas acusaciones apelando al sentido común de la ciudadanía. "No se deja engañar y ya ha hecho lo que tenía que hacer", señaló en alusión a los resultados electorales.
Urdiales secundó las críticas socialistas rechazando la tramitación iniciada, un paso previo a la aprobación inicial. "Este trámite no vale absolutamente nada porque es de uso interno para redactar la modificación", sostuvo. El edil de Urbanismo defendió este trámite como garantía jurídica para el blindaje. "Es el procedimiento que marca la nueva Ley del Suelo y el que nos aconseja el Gobierno vasco". La tensión acabó de estallar en la revocación de la recalificación urbanística de Oyancas y La Cantera para preservar la reserva de inicial de VPO. Los socialistas pidieron la retirada de la iniciativa.
El PSE-EE y el PP protagonizan una 'espantada' tras las novedades de la sesión
Santurtzi. Una alusión realizada por el concejal de Urbanismo contra la portavoz socialista, Maite Arana, a la que propuso como "responsable de prensa" de José María Goicolea -constructor implicado en la operación de Hijas de la Cruz- destapó la caja de los truenos de un pleno ya bastante crispado. Pleno que acabó como el Rosario de la Aurora con socialistas y populares fuera del salón antes que concluyera la sesión. Arana, que no rebatió las revelaciones sobre el incumplimiento del blindaje del colegio, mostró su indignación por el comentario de Landaburu y pidió amparo al alcalde. "Pido amparo al presidente, una rectificación o me levanto", exclamó Arana. Su intervención subió de tono durante la propuesta jeltzale para revocar recalificación de La Cantera y Oyancas aprobada por PSE-EE y PP el 25 de enero y que redujo de 240 a 127 las VPO previstas. La edil socialista acusó al PNV de "mentir" y "engañar" y dijo que la revocación de la recalificación podía ser ilegal. "Es una chapuza judicial surrealista sin precedentes porque su recurso ha sido denegado", señaló. Durante la réplica jeltzale, los ediles socialistas salieron en bloque, acompañados por los populares en "solidaridad". Arana amenazó al equipo de gobierno con la interposición de una denuncia ante los tribunales. Landaburu acusó a los socialistas de querer "eludir el voto" sobre su recalificación en La Cantera y en Oyancas con "una excusa banal".
Revelaciones
· Lentitud en las contrataciones. Tras cinco meses de la orden plenaria para la modificación "inmediata" del PGOU, la mesa de contratación no sabía a qué tipo de asesoría recurrir, según Luis Landaburu
· Incumplimiento en la redacción. La asesoría pidió el expediente de Hijas de la Cruz tres semanas después de que expirase el plazo para presentar la redacción de su trabajo.
· Falta de colaboración. El gabinete jurídico contratado por el anterior gobierno tenía órdenes expresas para no colaborar con el Gobierno vasco y las monjas, según Ituarte. |
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