Donostia. Son muchos años de sufrimiento en silencio y romper ahora ese silencio no es fácil. Para muchos, innecesario. Las víctimas de la violencia de los grupos de extrema derecha y de las fuerzas parapoliciales y policiales han estado relegadas durante largo tiempo a un segundo plano. A su alrededor no se ha tejido una red asociativa como la que hay en torno a las víctimas de ETA. Se trata de un colectivo más disperso y vinculado -no en todos los casos- a la izquierda abertzale, con un denominador común: la desatención por parte de las instituciones públicas.
El Gobierno vasco trata ahora de resarcir su dolor y ha dado un primer paso. Intenta elaborar una radiografía exacta de la realidad de este colectivo y, a partir de ahí, cambiar el rumbo que ha seguido hasta ahora.
Pese a los intentos, muchos familiares de este colectivo de víctimas prefieren comprensiblemente permanecer en silencio. Se muestran bastante escépticos con las iniciativas del Gobierno vasco, pero de confirmarse, les dan la bienvenida.
Entre las víctimas de la violencia del Estado, hay casos que tuvieron una mayor proyección mediática, como la muerte de Mikel Zabalza, cuyo cuerpo sin vida apareció el 15 de diciembre de 1985 en el río Bidasoa. Según la investigación judicial, murió en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo tras ser torturado. La familia Zalbalza, que nunca ha recibido ninguna indemnización por la muerte de Mikel, cree que esta iniciativa "llega tarde" pero es "bien recibida".
"No tenemos noticias oficiales, si así fuera supondría para nosotros una grata noticia, ya que sería tanto como ser reconocido como víctima de violencia de Estado y quedaría asumida la atrocidad cometida en Mikel. Nos encontraríamos ante un acto de buena voluntad política y ante una resolución loable que sin duda ayudará a eliminar estas actuaciones tan dolorosas". |
